Este viernes, Royal Urbis ha enviado un hecho relevante a la CNMV en el que explica que ha notificado a la Sociedad el auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, por el que no se admite a trámite la propuesta de convenio presentada por la Sociedad. La inmobiliaria, que presentó […]
Dirigentes Digital
| 25 sep 2015
Este viernes, Royal Urbis ha enviado un hecho relevante a la CNMV en el que explica que ha notificado a la Sociedad el auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, por el que no se admite a trámite la propuesta de convenio presentada por la Sociedad.
La inmobiliaria, que presentó en el Juzgado Mercantil a mediados de febrero una propuesta de acreedores con el fin de evitar su liquidación, declara que tiene intención de interponer recurso de apelación contra este auto, y va a solicitar la suspensión de cualesquiera efectos que se deriven de dicho Auto hasta que se resuelva el recurso de apelación.
La inmobiliaria, en su propuesta, pretende alcanzar un acuerdo con Hacienda y realizar una dación en pago de activos inmobiliarios, con una quita del 80%, según se explicó entonces. Y, además, limitada a los 3.500 millones de que la empresa debe a la Sareb, principal acreedor, y a más de 20 entidades financieras, casi la mitad extranjeras.
Las dudas que el magistrado necesitaba aclarar pasaban por el plazo indefinido, a largo plazo, exponía la inmobiliaria, que se fijaba para devolver los 400 millones de euros que se adeudan a la Hacienda Pública, y, además, conocer más extremos acerca de las razones que Reyal Urbis había seguido para el sorteo de activos entre los acreedores.
Asimismo, el juez de lo Mercantil recuerda que Reyal lleva al menos cuatro años sin promocionar suelo, siendo ésta su tradicional área de actividad, y que se ha limitado a la venta de viviendas terminadas. Vaquer sostiene que la actividad real realizada por la compañía en los últimos años no presenta una especial "significación y relevancia cuantitativa" dentro del sector inmobiliario de la construcción.
Además, subraya que actualmente la empresa sólo cuenta con 65 empleados (14 son altos directivos), y apunta a que sólo la reactivación económica del mercado residencial de obra nueva y la obtención de financiación permitiría convertir en dinero derechos de edificación que tiene por 941 millones.
Tras exigirle que subsanase errores en su convenio, el juez asegura que de aprobarse, Reyal tendría fondos propios negativos hasta el año 2023 por importes superiores a los 90 millones e insiste en que el convenio no evita la insolvencia y es "claramente perjudicial" para los acreedores.
A cierre de 2014, los activos inmobiliarios concursales ascendían a 1.120 millones (50 promociones en España y Portugal por 105 millones; activos para alquiler por 200 millones; suelo por 878 millones, derechos de edificabilidad por 941 millones y hoteles operados por Rafael Hoteles).
