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ESG - Sostenibilidad

Georgina Sierra: “Es complicado encontrar fondos ESG con los requisitos del ‘Green Mifid’”

Entrevista con Georgina Sierra, Directora Activos Financieros en DiverInvest y miembro de ASEAFI.

Patricia Malagón

22 feb 2024

Georgina Sierra

La regulación ESG ha entrado en una etapa complicada por las importantes disonancias entre lo exigido a las gestoras y a los asesores financieros. La clasificación de los fondos artículo 8 y 9 no encaja con los requisitos para la selección de producto a través de las preguntas del nuevo Green Mifid. De todo ello hablamos con Georgina Sierra, Directora Activos Financieros en DiverInvest y miembro de ASEAFI.

La regulación sobre los fondos ESG parece que está en ebullición con esas rectificaciones que vimos el año pasado entre fondos artículo 8 y artículo 9 y la posibilidad de incluir nuevas categorías que se adapten mejor al green mifid como fondos de taxonomía, etc. ¿qué podemos esperar en los próximos meses y años?

Las gestoras, al principio, vivieron como una fiebre de sostenibilidad y todos querían lograr más pronto que tarde el título de Art 8 o Art 9 para cuantos más fondos mejor. Se vivió como un plus en el producto “sin coste” aparente. Sin embargo, viendo los requisitos que efectivamente se exigen para poder ostentar una u otra categoría, las gestoras, han optado por poner un poco el freno y lo que estamos viendo es un “de-rating” de productos existentes. Pensamos que lo que viene ahora es una nueva etapa de creación o adaptación a productos más sostenibles pero esta vez más de calado y desde lo aprendido en esa primera etapa. En la medida que van saliendo las dificultades se van resolviendo y así es la forma como estamos avanzando.

Ahora que ha pasado un año y medio desde la llegada del green mifid, ¿cómo está siendo la demanda de los inversores y que se puede esperar de la entrada de capital en estos fondos?

En este sentido pensamos que cabe distinguir a dos tipos de inversores que se mueven por objetivos y necesidades diferentes. Por un lado, está el inversor institucional, aquel que no maneja capital propio o que trabaja con fundaciones, en el caso de estos inversores la demanda de productos socialmente responsables y sostenibles viene desde ellos y, por tanto, desde hace tiempo. Son ellos los que exigen cierto nivel de sostenibilidad y empujan a la, llamémosle “oferta”, a mejorar y a sacar productos más sostenibles y mejores.

Por otro lado, está el cliente privado o el grupo familiar particular. Ese inversor es menos fiel a la sostenibilidad y, generalmente, su prioridad es la rentabilidad financiera, por ejemplo, a finales de 2022, con prácticamente todos los mercados financieros en números rojos y muy rojos, pocos nos trasladaban su preocupación por el cumplimiento de unos requisitos en sostenibilidad. Con todo, este inversor, en tiempos de estabilidad, sí se enfoca más en la sostenibilidad y por este lado, sí pensamos que a medida que la oferta se amplie y mejore, la demanda acompañará, ya que, en este caso es más la oferta la que está empujando a la demanda.

¿Cuáles están siendo los principales retos para los asesores a la hora de adaptarse a este nuevo entorno regulatorio y cómo están reaccionando los clientes?

El primer reto es formarse como asesor para entender bien todo lo que ocurre y ser capaz de transmitirlo a su cliente, lo que no es tarea baladí. Lo segundo, es trabajar con los clientes para que conozcan todo el desarrollo que se ha hecho en este campo. Y es que toda la norma y la jerga que hemos creado sirve de poco si el inversor no se familiariza con ella y no sabe qué puede exigir y qué no a su asesor en cuanto a la sostenibilidad de sus inversiones.

Una vez informado, el mayor reto que tenemos ahora entre manos es cumplir con lo que el cliente exige y en realidad, aquí es donde empiezan las dificultades, cuando entramos en porcentajes de cumplimiento, de PIAS… vemos que es complicado encontrar inversiones, fondos, que efectivamente cumplan con cierto nivel de requisitos.

Además, hemos de recordar que la nueva normativa aplica a Europa y aquellos fondos de fuera de la Unión Europea no tienen obligación de clasificarse según nuestra Regulación. Esto provoca que la clasificación de sostenibilidad de Carteras con gran número de productos de fuera de la Unión Europea quede desvirtuadas por la falta de información y esto provoca grandes problemas a la hora de cumplir con los requisitos solicitados por el cliente.

¿Cuáles son los principales escollos que se deben resolver a nivel regulatorio para poder seguir avanzando en estas finanzas sostenibles?

Los principales escollos vienen de la mano de la estandarización de información. Debemos hablar el “mismo idioma” para entendernos. Mientras unos midan en metros y otros en millas, si no tenemos el factor de conversión, resulta muy complicado entenderse. Y no sólo eso, como decíamos, el hecho de que la Regulación sólo aplique a la Unión Europea genera una complejidad adicional para cumplir con los requisitos normativos y de cliente.

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