El 6 de julio vence el plazo para la conversión obligatoria en acciones de los bonos que tanto los tres bancos como la operadora suscribieron en 2012 para subsanar los problemas financieros y de liquidez que aquejaban al grupo presidido por Juan Luis Cebrián y que le hacían imposible hacer frente a los vencimientos de […]
Dirigentes Digital
| 03 jul 2014
El 6 de julio vence el plazo para la conversión obligatoria en acciones de los bonos que tanto los tres bancos como la operadora suscribieron en 2012 para subsanar los problemas financieros y de liquidez que aquejaban al grupo presidido por Juan Luis Cebrián y que le hacían imposible hacer frente a los vencimientos de su deuda, de más de 3.400 millones de euros.
Telefónica suscribió bonos, por valor de 100 millones de euros, que ahora se convertirán en más de 97 millones de acciones, por lo que tendrá el 6,84% del capital social de la empresa tras la ampliación de capital, mientras que las tres entidades financieras, con bonos por valor de 334 millones de euros tras la conversión de parte de la deuda que tenían con Prisa, tendrán en conjunto más de 324 millones de acciones, nada menos que el 22,85% de la empresa a partir del 6 de julio.
Un capital social que, tras las dos ampliaciones de capital que Prisa llevará a cabo en julio (una de 420,9 millones de títulos correspondiente a la emisión de bonos de 2012 y otra de 77 millones de acciones del dividendo), constituirá una parte importante respecto de los diluidos paquetes de los actuales accionistas. De hecho la familia Polanco, que llegó a poseer más del 70% del capital social, tendrá el mes que viene una participación de apenas el 17%, por lo que, aunque continuará siendo el principal accionista, no será accionista de control, ya que Prisa tiene el límite fijado en el 30 por ciento.
En este sentido, lo más probable es que el grupo modifique sus estatutos para establecer dicho umbral por debajo del 17% y asegurar su gobernabilidad, máxime teniendo en cuenta la escasa vocación de permanencia de los nuevos accionistas, que ya han comenzado a deshacerse de parte de sus participaciones. Y es que la inversión en Prisa no debería ser estratégica para ninguna de las entidades, que no han podido deshacerse incluso antes de sus bonos por su alto precio (1,03 euros por acción) frente a su cotización (unos 0,38 euros).
Por otro lado, las exigencias de Basilea III penalizan a los bancos con participaciones industriales y las obliga a provisionar capital si no se va a recuperar la inversión, algo que, en el caso de Prisa, parece improbable.
