La iniciativa presidencial tuvo un amplio respaldo: 53 votos a favor (incluidos los opositores) y 2 en contra. El Parlamento declaró de "interés público nacional" la decisión, considerando prioritaria "la participación pública en la prestación de los servicios de transporte público ferroviario" de pasajeros y cargas. Se crea así la empresa Ferrocarriles Argentinos S.E., que […]
Dirigentes Digital
| 26 abr 2015
La iniciativa presidencial tuvo un amplio respaldo: 53 votos a favor (incluidos los opositores) y 2 en contra. El Parlamento declaró de "interés público nacional" la decisión, considerando prioritaria "la participación pública en la prestación de los servicios de transporte público ferroviario" de pasajeros y cargas.
Se crea así la empresa Ferrocarriles Argentinos S.E., que regirá el sistema de cargas y el de pasajeros, retomando el Estado la administración de la red ferroviaria a través del ministerio del Interior y de Transporte.
El texto, que consta de 21 artículos, otorga al Estado la "plena administración de la infraestructura ferroviaria en todo el territorio nacional", con potestad para "desafectar bienes, rescatar, reconvenir o renegociar contratos de concesión".
Consenso
"Hoy, día histórico para nuestro país. Recuperamos la administración de nuestros Ferrocarriles Argentinos", fue el tuit de Cristina Fernández de Kirchner tras conocerse la sanción de la ley.
"Es histórico por varias razones, una de ellas simbólica, porque se da en momentos en que disputamos con Gran Bretaña la soberanía de nuestras Islas Malvinas y vale recordar que ellos también intervinieron en el trazado de los trenes para su propia conveniencia", dijo el diputado Hector Recalde (oficialista).
La iniciativa contó también con el voto de los partidos UCR, Frente Renovador, Pro y Coalición Cívica, todos ellos opositores al Gobierno que, no obstante, consideraron el argumento nacionalista más fuerte que sus cuestionamientos al texto.
Por el lado sindical, el secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, consideró que la ley "es el paso más importante en más de 67 años", al tiempo que la calificó como "un nuevo hito" en el país.
"Con los Ferrocarriles pasó como con las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones)", comparó el Jefe del Gabinete, Aníbal Fernández: "el 70% de las jubilaciones las pagaba el Gobierno. ¿Qué sentido tenía darles semejantes sueldos a los gerentes y semejantes comisiones? Ninguno. Fracasaron en el mundo. Volvamos al Estado".
Rayo estatizador
La estatización ha sido una constante en varios sectores de la economía argentina durante la última década, cuando el país fue gobernado primero por Néstor Kirchner y después por su esposa Cristina Fernández, ambos inspirados en las ideas falangistas propugnadas por Juan Perón a mediados del siglo pasado.
Tales "actos soberanos" han afectado no sólo a empresas españolas, como Marsans (que controló Aerolíneas Argentinas hasta 2008), BBVA (Consolidar, hasta 2008) o Repsol (YPF hasta 2012), sino también a firmas de Francia (Suez, que controló Aguas Argentinas hasta 2006), Estados Unidos (Lockheed Martin, de la Fábrica Militar de Aviones, hasta 2009), además de Holanda (Orígenes, del grupo ING hasta 2008) y Gran Bretaña (Máxima, del HSBC hasta 2008).
Pero el "rayo estatizador" no se limita a capitales extranjeros, sino que alcanza también a los propios argentinos, como Socma (grupo del ahora candidato a presidente Mauricio Macri), que controlaba Correo Argentino hasta 2003, o el grupo TyC, que tenía una licencia televisiva hasta 2009, año en que el fútbol pasó a ser una cuestión de estado.
La más reciente nacionalización fue ordenada por Cristina Fernández en 2013, apuntando también a los trenes. En junio de ese año, el ministro del Interior y de Transporte, Florencio Randazzo, anunció que rescindía la concesión de dos empresas privadas (la brasileña ALL y la argentina General Sarmiento) por "una decisión política" de la presidenta.
Vaivén histórico
Los ferrocarriles en Argentina han pasado alternadamente del control privado al estatal desde mediados del siglo XIX. La primera línea, el Ferrocarril Oeste, inaugurada en 1857 en Buenos Aires, era un emprendimiento "nacional".
Posteriormente, fueron grandes inversiones extranjeras, principalmente inglesas y francesas, las que desarrollaron el tramado de líneas ferroviarias, que llegaron a extenderse por todo el territorio argentino.
Casi un siglo después, en 1948, el gobierno del militar Juan Perón nacionalizó toda la red -que llegaba a más de 30.000 kilómetros- para crear la Empresa de Ferrocarriles del Estado Argentina, que tomaría el control del transporte de cargas y de pasajeros.
La primera medida fue cambiarle el nombre a las líneas para homenajear a figuras que, como el mentor de la estatización, también eran militares: General Mitre, General Roca, General Belgrano y General San Martín.
El sistema pasó por un proceso de decadencia en manos públicas, la mayor parte del tiempo fuerzas militares, hasta que en los años 1990 Carlos Menem, de origen peronista, pero practicante de una política liberal, inició un amplio proceso de privatizaciones.
Poco más de una década después, en 2008, se crearon dos sociedades estatales para reorganizar la red (la Administración de Infraestructuras Ferroviarias y la Sociedad Operadora Ferroviaria).
Cuatro líneas urbanas que habían sido entregadas en concesión a operadores privados volvieron, en 2012, a la órbita del Estado después de un accidente en la capital argentina que provocó la muerte de 51 personas.
A siete meses de terminar su mandato, Cristina Fernández rubrica sus últimos días con el gesto peronista por antonomasia, el mismo que tomó el fundador del movimiento siete décadas atrás.
