El juez Pablo Ruz ha ordenado procesar a dirigentes entre los que figuran dos ex gobernadores, un coronel del Ejército y un teniente de la gendarmería por delitos que incluyen detención ilegal, torturas o asesinato en la ex colonia española.
El magistrado, atendiendo un informe de la Fiscalía, ve indicios de veracidad en 50 casos de asesinato y más de 202 detenciones presentadas por la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, que planteó en 2007 su denuncia en España atendiendo al principio de justicia universal.
"Los ataques, producidos contra la población saharaui (..), llevados a cabo por el Ejército y la Gendarmería marroquí, habrían sido impulsados por los altos mandos de tales cuerpos militares, ejecutándose con la finalidad de ocupar el territorio y tomar posesión del mismo", señala el auto.
Marruecos ocupó el Sáhara Occidental en 1975, iniciándose un conflicto armado con el independentista Frente Polisario que concluyó en 1991 con la firma de un alto el fuego en la ex colonia española, rica en fosfatos y recursos pesqueros.
El juez ha ordenado ahora procesar a 11 altos cargos: al coronel Abdelhak Lemdaour, al teniente de la Gendarmería Driss Sbai y a los ex gobernadores Said Ouassou y Hassan Uychen. Además, pide el procesamiento del coronel Lamarti; el comisario de policía Brahim Bensami; el oficial Hariz el Arbi; el gobernador de El Aaiún Hassan Uychen; el director de seguridad territorial Abdelhafid Ben Hachem y los oficiales Bel Laarabi y Abdelghani Loudghiri.
Tras la aprobación de la reforma de la justicia universal por parte del Gobierno español en 2013, el juez preguntó a la Fiscalía si sobreseía el procedimiento en cumplimiento de una norma que paralizó varios casos de genocidio cometidos fuera de España. La fiscalía argumentó a favor de que se siguiera investigando al considerar que jurídicamente el Sáhara Occidental seguía siendo un territorio autónomo sobre el que Marruecos no tenía soberanía.
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