Por despiste o por interés, el Gobierno de Zapatero en 2006 olvidó reclamarle al sector eléctrico 3.400 millones que habían pagado de más los consumidores desde 2005 por las garantías que comprometió el anterior Ejecutivo a las eléctricas en la transición de la liberalización del mercado eléctrico.
Cuando se inicia en 1997, el Gobierno de Aznar crea los CTC, que son instrumento que compensó a las compañías por las inversiones realizadas en el sistema mientras permaneciera regulado por el Estado. Josep Piqué, ministro de Industria de aquella época, acordó con el sector que el Estado pagaría hasta 8.600 millones si las inversiones realizadas no obtenían las rentabilidades previstas por el bajo precio de la electricidad.
La compensación se materializó cargándolo en el recibo de la luz de los consumidores, pero a partir de 2005 cuando se dispararon los precios los CTC perdieron su sentido porque las nuevas centrales que se construyeron a partir de 1997 comenzaron a generar beneficios por el alto precio de la electricidad.
El año pasado La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético interpuso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que las eléctricas devolvieran los 3.400 millones que aportaron los clientes de más, antes de que el Gobierno socialistas suprimieran los CTC en 2006.
La denuncia apunta a que la Administración ha permitido la prescripción de cerca de 3.400 millones de euros cobrados en exceso por parte de las grandes compañías eléctricas. Jorge Morales, experto en el sector eléctrico y unos de los impulsores de la denuncia, explica que la disposición legal en la que se basaba los CTC no contemplaban la circunstancia en la que las eléctricas iban a ingresar más de lo previsto, por lo que se produciría unos ingresos injustificados, aunque señala que un informe de la Abogacía del Estado de 2008 avalaba la devolución de la compensación.
El documento que fue entregado al Ministerio de Industria no especifica la cuantía que recibió el sector de manera injustificada, pero sí señala que se produce un "enriquecimiento injusto" y que el Estado tiene de plazo hasta 2010 para reclamarlo.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético se remite a los cálculos de la Comisión Nacional de la Energía que publicó que Endesa había percibido por los CTC 1.562 millones; Iberdrola, 1.159 millones; E.On 432 millones, Gas Natural Fenosa, 276 millones y Edp, 155 millones.
Morales indica que con la denuncia se pide que se señale a los responsables que actuaron con negligencia y se por qué lo hicieron. Además, explica que las centrales que recibieron esas inversiones siguen funcionando con lo que se produce una distorsión en la libre competencia, ya que "son mucho más rentables, que las centrales de nueva construcción".
El País informa que la Fiscalía ha iniciado una investigación, a raíz de la denuncia que se interpuso el año pasado, llamando a declarar a varios abogados del Estado, la exjefe de gabinete del secretario general de Energía y el exdirector general de Política Energética Jorge Sanz. Desde la plataforma ciudadana dicen que se ha enterado de la investigación a través de los medios de comunicación.
