ACS lidera el sector de obra pública. Un negocio millonario con escasos riesgos. La constructora cobra la construcción del proyecto y además se adjudica en muchas ocasiones su explotación. Si resulta que es un negocio ruinoso, la correspondiente administración pública asume las pérdidas. Este esquema se comienza a repetir con frecuencia con la compañía de […]
Dirigentes Digital
| 21 jul 2015
ACS lidera el sector de obra pública. Un negocio millonario con escasos riesgos. La constructora cobra la construcción del proyecto y además se adjudica en muchas ocasiones su explotación. Si resulta que es un negocio ruinoso, la correspondiente administración pública asume las pérdidas. Este esquema se comienza a repetir con frecuencia con la compañía de Florentino Pérez. A finales de año, una de sus filiales cobraba la indemnización de 1.350 millones por el cierre del almacén submarino de gas Castor. El Gobierno decidió su cierre después de que varios informes de Medio Ambiente detectaran que provocaba seísmos en la zona. Inicialmente, el almacén estaba presupuestado en cerca de 700 millones, al final se disparó a 1.700 millones. ACS sólo puso de 228 millones. La amortización del proyecto estaba prevista en más de 30 años. El fiasco que supuso será cargado en los contribuyentes a través del recibo del gas.
La clave de la jugada para ACS estuvo en la redacción de la adjudicación que se blindaba ante cualquier imprevisto. Y se vuelve a repetir esta vez con el Gobierno autonómico de Murcia. Hydro Management, propiedad al 80% de ACS, firmó un acuerdo en 2009 con el ejecutivo del entonces presidente Ramón Luis Valcárcel por la construcción y gestión una planta desalinizadora por 500 millones de euros en la localidad de Escombreras. La desaladora estaba prevista para abastecer un macro urbanización en línea de costa. El estallido de la burbuja inmobiliaria se llevó por delante las miles de viviendas que se pensaba construir y la planta se quedaba sin clientes para suministrar agua. Lleva abierta ocho años pero un 10% por debajo de su capacidad con lo que se ha convertido en una agujero de pérdidas. Otra vez la redacción del contrato de ACS, le permite reclamar 600 millones de euros por el cierre previsto por el nuevo Ejecutivo murciano ante la inviabilidad del proyecto.
La desaladora y el almacén de Castor no son un caso aislado. ACS también espera sacar tajada por el fiasco en la explotación del túnel del AVE bajo los Pirineos que une España y Francia. TP Ferro, sociedad constituida al 50% por ACS y la francesa Eiffage, ha solicitado concurso de acreedores ante la imposibilidad de reestructurar su deuda.
El proyecto supuso una inversión de 1.000 millones de los cuales 600 son públicos. TP Ferro ya ha cobrado 109 millones en concepto de retraso por su funcionamiento. Ahora o se rescata con dinero público o se liquida la compañía con lo que ambas compañías deberán ser indemnizadas con 1.000 millones.
