La constructora OHL mandaba esta mañana un hecho relevante a la CNMV en la que informaba al mercado que las sociedades Aeropistas y su filial Autopista Eje Aeropuerto Concesionaria Española, que gestionan la M-12, la autopista que lleva a la T4 de Barajas entra en fase de disolución tras el fracaso de las negociaciones para que los acreedores aceptaran el convenio.
El Juzgado de lo Mercantil Nº2 de Madrid dicta la liquidación de ambas sociedades y como consecuencia de ello nace para la administración la obligación legal de resolución del contrato de concesión y con ella la del pago de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). Las siglas malditas de RPA son la clave del asunto porque en última instancia el Estado tendrá que asumir la deuda de ambas compañías que mantiene con sus acreedores, que asciende a 557 millones.
El problema no se ciñe solo a esta autopista. Otras siete concesionarias más se encuentran en situación parecida con el concurso de acreedores muy avanzado. El Gobierno intentó negociar con la banca un acuerdo para que aceptarán los convenios planteando una quita del 50 % a la deuda de estas carreteras, que asciende a 4.600 millones, y la creación de un fondo de titulización que emita bonos a 30 años con una
rentabilidad mínima del 1%.
Los principales bancos acreedores son Bankia, con un pasivo de unos 435 millones; Banco Sabadell, con 345 millones; Santander con 295 millones;
CaixaBank, 270 millones; y el ICO, 260 millones y el resto de la deuda se encuentra en manos de banca que extranjera, que fue la que no quiso cerrar el acuerdo.
El Ministerio de Fomento ha informado que la decisión judicial de liquidar la autopista, como ocurrió en mayo pasado ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión judicial de liquidar la AP-36 (Ocaña-La Roda) y cuya resolución está aún pendiente.
Entre las empresas responsables de las radiales en quiebra se encuentran todos los grandes nombres de la gestión de infraestructuras; Acciona, ACS, Abertis, Cintra, Sacyr, FCC, Ferrovial, OHL o Globalvia y les acompañan en algunas ocasiones socios inversores como Bankia, BMN o Unicaja.
Fuentes cercanas a la compañía calculan que los costes que tendría que asumir el Estado por el RPA ascienden a 8.000 millones si se liquidan todas las sociedades que gestionan estas carreteras, muy por encima de los 4.000 millones que tiene asumido el Gobierno.
