Así lo ha expresado la directora jurídica del bufete Le Morne en Valencia, Marian Reyes Bernal, para quien poco o nada se ha avanzado desde que el escándalo salpicase al gigante alemán hace ya cinco meses. Ahora insiste en solicitar la retribución del contrato incial y en pedir la devolución íntegra del importe abonado por […]
Dirigentes Digital
| 13 ene 2016
Así lo ha expresado la directora jurídica del bufete Le Morne en Valencia, Marian Reyes Bernal, para quien poco o nada se ha avanzado desde que el escándalo salpicase al gigante alemán hace ya cinco meses. Ahora insiste en solicitar la retribución del contrato incial y en pedir la devolución íntegra del importe abonado por los vehículos afectados.
Fue el pasado septiembre de 2015 cuando Volkswagen reconocía ante la EPA (Agencia Norteamericana de Medio Ambiente) haber manipulado el software de medición de gases contaminantes para burlar sus controles. "Todo un fraude", "un engaño absolutamente premeditado", en palabras de la letrada, para quien la firma alemana sólo ha tenido buenas palabras y gestos hasta el momento, pero ninguna acción reparadora.
En ese sentido, explican desde Le Morne Brabant, Volkswagen ha puesto en marcha una plataforma de carácter informativo, en la que puedes, además, descubrir si formas parte del grupo de afectados, introduciendo tu número de matrícula y bastidor.
A partir de ahí, nada. No se producido ninguna reparación ni ningún desembolso. La letrada considera que hasta el momento la empresa automovilística "no sabe hacia dónde tirar". Desde este despacho están pidiendo la nulidad del contrato, que no es exactamente la recompra de los coches, una propuesta contemplada por la empresa. Según aclara Marian Reyes, a dicha recompra habría que sumarle entonces la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por el engaño.
Los procedimientos están a la espera de que se abra el expediente
Para quienes no se han animado aun a denunciar iniciado acciones todavía Le Morne Brabant les anima a hacerlo realizarlo de forma colectiva puesto que tiene menos costes de litigio, mayor eficiencia judicial, mayor uniformidad para los acusados o la oportunidad de que a todos los demandantes se les cubran los daños y perjuicios ya que el bien que se les ha entregado no se corresponde con el que habían comprado. Además, el despacho ofrece un precio cerrado de 295 euros para iniciar el procedimiento.
