2015 será un año de transición y estancamiento. El precio medio de la vivienda se situará en 158.979 euros, lo que prácticamente dejará una subida respecto a este año del 0,8%, según las estimaciones de la firma. La clave de este leve aumento reside en el mantenimiento del pulso comprador por parte de extranjeros y nacionales que buscan activos inmobiliarios a buen precio y con perspectivas de subir, dada mejoría de las previsiones de crecimiento de la economía española aventurada por varios organismos oficiales.
Entre 2016 y 2018, se prevén caídas moderadas de los precios impulsadas por diversos factores relacionados con el mercado inmobiliario, la evolución de la población, su poder adquisitivo, y el acceso y coste del crédito.
En primer lugar, el mercado inmobiliario todavía tendrá que absorber el exceso de oferta de vivienda nueva disponible el stock todavía es superior a las 740.000 viviendas, si se suman los activos adjudicados a la banca y a la Sareb.
Por lo que respecta a los factores demográficos, España empezó a perder población en 2013 como consecuencia del envejecimiento y la salida de población y este proceso continuará: el país perderá 336.000 habitantes entre 2014 y 2019, y la población de entre 25 y 40 años, particularmente proclive a la compra de vivienda, disminuirá en 1,7 millones en dicho período.
Además, la recuperación de la renta de las familias, en el mejor de los casos, será lenta para el período 2015-2019. A pesar de que las previsiones de crecimiento del país se sitúan en torno al 2% para este período, la recuperación del empleo será muy paulatina, por las altas tasas de desempleo.
Con estas condiciones habría pocos indicios de un cambio de tendencia en lo que respecta al acceso al crédito. Además, el euríbor añade un elemento de riesgo. Actualmente, este índice que sirve de referencia para el 89,9% de las hipotecas en España se sitúa en mínimos históricos, por lo que no se puede ignorar que existe un riesgo de subida en el medio plazo. Esto encarecería los préstamos hipotecarios, lo que incrementaría el esfuerzo que supone para los hogares españoles la compra de una vivienda y, por tanto, reduciría las posibilidades de las familias de acceder al crédito.
