‘Se vende historial médico’

El Gobierno catalán tiene en marcha el proyecto Visc+, por el cual facilitará a la empresa privada información del sistema sanitario, incluida datos personales de pacientes, con el objetivo, según la Generalitat, "de favorecer la investigación y la innovación en el sector". En total: 7 millones de usuarios de los servicios del CatSalut.

En la Comunidad de Madrid, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) asegura que diversas organizaciones de defensa de la sanidad pública, llevan meses cuestionando la opacidad con la que desde multitud de centros sanitarios del sistema público se derivan pruebas complementarias y procedimientos quirúrgicos a clínicas privadas regionales.

Por poner un ejemplo, desde esta asociación denuncian la filtración de datos clínicos de pacientes del Hospital Universitario de Fuenlabrada hacia la Clínica Los Madroños de la localidad madrileña de Brunete. La propia Consejería de Sanidad habría cifrado en torno a 580 los historiales cedidos irregularmente. DIRIGENTES se ha puesto en contacto con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para conocer su versión sobre este asunto, pero no ha obtenido ninguna respuesta.

En Cuenca, el hospital público Virgen de la Luz reconoció que cedió los datos de los pacientes que están en lista de espera a la clínica Recoletas, entidad privada. "Se ha detectado una incidencia puntual. La clínica Recoletas, con la que el hospital tiene un convenio para realizar algún tipo de pruebas, ha citado directamente a los pacientes en vez de hacerlo el servicio de admisión del hospital", informó la gerencia del Virgen de la Luz en un comunicado.

Diversas asociaciones de consumidores han denunciado a estos numerosos hospitales, está incumpliendo el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, que indica, sobre el deber de secreto, que "el responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos". Dicho reglamento considera infracción grave "la vulneración del deber de guardar secreto" de los datos a los que se refiere el artículo 10, algo que sería sancionable con una multa de entre 40.000 y 300.000 euros.

"Lamentablemente el tráfico de datos personales es una actividad ilegal que se repite con cada vez mayor frecuencia en organizaciones públicas y privadas. No me cabe duda alguna de que es una situación realmente grave y que muy posiblemente vaya a dar lugar a una sanción récord por parte de la Agencia Española de Protección de Datos", afirma Javier Flores, responsable del Servicio de Estudios y Análisis de la Asociación Europea de Inversores Profesionales (Asinver).

Ya hace unos meses la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sancionó con una multa de 150.000 euros a una clínica ginecológica de Bilbao por considerar que no custodió "con el debido sigilo" los datos de 11.300 pacientes que acabaron circulando por Internet. El problema se debió a que uno de los empleados de la clínica utilizaba un programa de intercambio de archivos (P2P) lo que permitió que los archivos que incluían información ginecológica de los pacientes circulase por la Red.