En las últimas 48 horas, Lula da Silva ha pasado dos veces de ser aforado a ciudadano corriente. Dos jueces de primera instancia de la justicia federal suspendieron el nombramiento de Lula como ministro, pero instancias jurídicas superiores suspendieron la decisión. Ahora el Tribunal Supremo ha tomado esta decisión eliminando la protección de aforado. El Gobierno de Dilma Rousseff ha anunciado que recurrirá la decisión, con lo que el alto tribunal se tendrá que pronunciar en los próximos días de forma colegiada.
El nombramiento de Lula ha estado cargado de polémica en mitad de la imputación del político por parte del juez Sergio Moro que instruye el caso Petrobras. El ex presidente ha denunciado que está siendo víctima de una persecución política. Al asumir el cargo quedaba en condición de aforado, como España, supone que sólo el Tribunal Supremo sólo le puede juzgar. La Fiscalía le acusa de lavado de dinero y ocultación de patrimonio, supuestamente al haber recibido un apartamento de una constructora implicada en el caso Petrobras.
El magistrado Moro ha maniobrado para boicotear el nombramiento filtrando un pinchazo telefónico entre Lula y Rousseff. La presidenta avisa a Lula de que recibirá en su despacho el acta de ministro para utilizarlo "en caso de que sea necesario". El juez Moro ha reconocido la filtración y la ha justificado por el interés público y la transparencia del nombramiento. La conversación ha dejado en evidencia que la asunción del cargo es para esquivar la justicia.
