La misión de la COP25: el artículo 6 del Acuerdo de París

El desarrollo de los diferentes acuerdos y tratados es lento porque cada pequeña decisión depende de la política, lo que implica que de estipular una norma a cumplirla media un largo camino. El Acuerdo de París (2015) se celebró como un triunfo, pero algunas partes del mismo han supuesto un quebradero de cabeza por la dificultad de aplicarlo.

En concreto, lo que da sentido a esta Cumbre del Clima o Conferencia de las Partes (COP25) es la negociación del artículo 6 del Acuerdo de París. Dicho acuerdo consta de 18 páginas que establecen una serie de compromisos y normas a seguir por los diferentes gobiernos, pero en el afán de huir de medidas radicales, deja abiertos unos cuantos aspectos.

El contexto es el siguiente: cada país tiene un máximo de emisiones que se establece por consenso. Sin embargo, el artículo 6 abre la posibilidad de mercadear con dichas emisiones, lo que se conoce como “mercados de carbono”. Dichas transacciones consisten en que un país o empresa que produce más emisiones de las permitidas puede pagar a otro para que reduzca sus emisiones en una medida similar.

Se trata de un sistema que ya se encuentra en funcionamiento en Europa desde 2005, conocido como ETS. De hecho, el europeo no es el único mercado de emisione, pero sí el más importante. Dicho mecanismo sirve para generar “flexibilidad” a la hora de reducir emisiones, de modo que se reduzcan más donde sea más barato, se explica desde la Comisión Europea.

En cualquier caso, aunque este sistema supuso un hito en la lucha contra las emisiones contaminantes, el Acuerdo de París aspira a mejorarlo. Para ello, deben consolidarse normas para ello, de las que el artículo 6 carece.

Dicho artículo intenta resolver sin conseguirlo la cuestión en apenas página y media. En ese sentido, contempla la creación de un mecanismo que, no obstante, no ha visto la luz. Lo único claro del artículo es su inicio “Las Partes reconocen que algunas Partes podrán optar por cooperar voluntariamente en la aplicación de sus contribuciones determinadas a nivel nacional para lograr una mayor ambición en sus medidas de mitigación”.

También se especifica que, si se utiliza el sistema del que se habla en el artículo, no puede usarse como demostración de que se ha cumplido el compromiso a nivel nacional. Es decir, que si España compra derechos de emisiones a un país que sí reduce las suyas, esta compra no significa una reducción real de las emisiones españolas, y sí del país vendedor.

A partir de ahí, la ambigüedad es máxima. El tecnicismo del Acuerdo en general denota una falta de medidas concretas. El ejemplo más claro se produce con el “mecanismo de intercambio de emisiones” que, en realidad, no existe, ni se establece ningún procedimiento. En caso de que esta COP25 no sirva para alcanzar un acuerdo acerca de ese sistema, deberá abordarse en la COP26, que se celebrará en Glasgow (Escocia) el año que viene.