José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, fue el encargo de inaugurar ayer miércoles la web de transparencia, de forma oficiosa. En el Congreso ofreció detalles del portal, como que el desarrollo de la página se ha realizado internamente con un equipo de 80 funcionarios para poner en marcha el portal. El coste se ha elevado a 300.00 euros, aunque la cifra es provisional porque según se amplíe site conllevará más gastos. El articulado de la Ley de Transparencia tiene previsto una inversión de 1,4 millones, para una herramienta que es el eje fundamental de la iniciativa.
Según el Ejecutivo, al proyecto se le aplicado otro de los mantras de la actual política: austeridad. El proyecto de la web hubiera supuesto cuatro millones de euros si se hubiera encargado externamente. Aparte de hacer gala de financiación del proyecto, se vendió el portal como una base de datos que no son públicos, con toda la información al respecto de subvenciones, convenios, gastos y salarios de la administración. Pero lo cierto, es que hasta el momento la información ya estaba publicada y accesible en otras web de la administración. De hecho, en la mayoría de los casos la información enlaza a otras páginas de ministerios o boletines oficiales.
La principal crítica que de primeras se puede hacer y que puede disuadir a su uso es la dificultad para manejar los datos que ofrece. El resultado de búsqueda devuelve información en formatos poco útiles y mucho menos para manejar una cantidad de datos agregados para compararlos.
Para acceder a información concreta que no esté disponible, el ciudadano podrá solicitar dicha información a la Administración, que estará obligada a dar respuesta en un plazo de 30 días. Lo que en grandes titulares es un avance, la letra pequeña supone trabas para el ciudadano. El portal obliga a registrarse con DNI electrónico o con los accesos que ofrece la Agencia Tributaria. Este tipo de webs en otros países no piden registro como en el caso de España. La información de la Administración se considera un derecho de libre consulta.
