Las privatizaciones no es una buena idea cuando las elecciones están a la vuelta de la esquina. El Gobierno de Ignacio González nunca ha disimulado el objetivo de privatizar el Canal de Isabel II pero a pocos meses para la convocatoria de las autonómicas, que se celebrarán en mayo, levantaría una polvareda poco aconsejable para su reelección. González ya conoce la presión y el impacto mediático de las mareas ciudadanas, sobre todo la blanca, la de los funcionarios del sector sanitario.
Hace dos años cuando era vicepresidente y Esperanza Aguirre era la número un intentaron abrir la puerta al capital privado a la gestora pública que gestiona el agua de Madrid. Era un momento delicado para las finanzas regionales con la crisis azuzando fuerte y con una deuda que obligaba a realizar fuertes recortes.
La operación del Canal hubiera supuesto unos ingresos extraordinarios de más de 1.000 millones, pero las difíciles condiciones del mercado y el escaso interés de los inversores tiró abajo el proyecto. El Gobierno gastó más de un millón de euros preparativos de la salida a bolsa, con la contratación firmas para realizar la valoración de activos. La valoración se situó entre 3.000 y 3.500 millones, casi la mitad de lo que se ha valorado a AENA en los preparativos de una operación similar.
Para llevar a cabo la privatización se creó una nueva sociedad independiente del Canal de Isabel II, Canal de Isabel II Gestión, S.A, participada al 82,4% por la Comunidad de Madrid y al 17,6% por 111 municipios de la región. La decisión se ganó la oposición de los movimientos sociales con su propia marea azul, promovida por la Plataforma contra la privatización del Agua. La compañía cerró el ejercicio 2013 con unos beneficios de 199,6 millones de euros. El año anterior con solo seis meses de operaciones registró un beneficio neto de 131,5 millones.
La cifra de negocio de la empresa ascendió a 828,7 millones, mientras el resultado de explotación de 208 millones. El resultado antes de impuestos bajó a 201,6 millones, después de restar 6,4 millones del resultado financiero.
La deuda asciende a 1.480 millones a cierre de 2013. El objetivo de la empresa es que a finales de 2015 la deuda descienda a 350 millones, según el Gobierno autonómico cuando decidió privatizar el servicio público, algo difícil de conseguir sin la entrada de nuevo capital. La decisión del Ejecutivo ha sido crear un nuevo plan de financiación acudiendo al mercado de deuda. Para ello ha aprobado un programa de emisión de deuda que se estrenará con la colocación de 500 millones en bonos. El consejo todavía no tiene todavía decidido si serán de tipo fijo o variable.
La plataforma denuncia que la operación aprobada por el consejo responde a los planes de privatización del Canal de Isabel II con la entrada de capital privado por la puerta de atrás. El movimiento advierte que la emisión de deuda acercará a fondos buitres al capital de la compañía. En estos de crisis que ha provocado que muchas
empresas tuvieran dificultades de liquidez, fondos buitres han entrado en el capital de las sociedades a través de comprar deuda con riesgo de impago para canjearla en forma de capital y así sentarse en consejos de administración.
La entidad asegura la emisión irá destinada a amortizar préstamos bancarios para reducir los costes de financiación. La clave estará sin los intereses de colocación serán más bajos que los intereses que paga por la financiación tradicional. Además, el presidente de Canal Gestión, Salvador Victoria, ha garantizado públicamente que la deuda emitida no se trata de bonos convertibles, por lo que no se tocará el accionariado.
La plataforma critica que se acuda al mercado de capitales cuando la empresa pública destina gran parte de su beneficio al reparto de dividendo entre los
accionistas. La junta de accionistas además de aprobar los planes de emisión aprobó el reparto de un dividendo a cuenta de 131,3 millones de euros con cargo al resultado esperado al 31 de diciembre de 2014 y que será de 202,1 millones de euros. Representa el 65% del beneficio.
