El tranvía de Parla fue el proyecto estrella del actual líder del Partido Socialista de Madrid cuando era alcalde de la localidad madrileña. Inicialmente, el presupuesto contemplaba un coste de 97 millones, finalmente se dispararon hasta los 256 millones. Estos sobrecostes son los que está investigando la jueza del Juzgado de Instrucción número 5 de Parla, María del Pilar Pérez. Durante la construcción el Ayuntamiento aprobó una ampliación del presupuesto por 25 millones, mientras Gómez estaba al frente del consistorio, y posteriormente, otros 15 millones, con José María Fraile, imputado en la Operación Púnica. El resto hasta los 256 millones se lo llevan los intereses que pagarán los ciudadanos de Parla hasta 2037.
La Fiscalía, personada en la causa, ha pedido a la jueza que impute a todos los concejales que aprobaron la ampliación de costes por estimar que se produjeron delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El líder socialista, cuestionado por nombrar a Fraile como su sucesor, se ha salvado de la acusación porque en la sesión que se dio el visto bueno a la modificación del presupuesto estaba ausente. En una decisión tan importante para el Ayuntamiento y de la que parece difícil que no estuviera al corriente y diera la orden para realizar, Gómez estaba en actos oficiales en un recital de villancicos de niños pequeños, "como alcalde que era, estaría con vecinos o cantando villancicos con los niños en alguna escuela. Eran fechas navideñas", ha reconocido el propio Gómez.
El líder de los socialistas madrileños afirma que todo se debe a "una campaña del PP" y pide que "no se difame más" y se respete su honorabilidad. En momento clave para las elecciones autonómicas de mayo, donde Gómez se presentará como candidato a la presidencia de la Comunidad Madrid, el PSOE ha puesto en marcha toda su maquinaria legal para que la jueza archive el caso, presentando abundante información que explica que la gestión del proyecto se realizó dentro de la legalidad. En todo caso, fue culpa del Consorcio General de Transporte, dependiente de la Comunidad de Madrid, que aprobó en todas las ocasiones los gastos.
Sin embargo, la denuncia de la Fiscalía argumenta que las modificaciones del presupuesto no se realizaron por los cauces legales cuando supera el 10% de la cuantía inicial, al convocarse una nueva licitación como estipula el artículo 101 del texto refundido de la Ley de Contratos de la Administración Pública.
