Fraude en Estados Unidos: delatar tiene premio

En julio de 2010, con la firma de la ley de "Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor Dodd-Frank", se puso en marcha un programa por el que la SEC (Securities and Exchange Commision) premia a aquellas personas que, de forma voluntaria, ofrezcan información "de alta cualidad y original" para destapar un fraude, información que desemboque en una investigación de éxito con "sanciones que superen el millón de dólares". Con la firma de esta ley, también se estableció un programa de incentivos en la Comisión del Comercio en futuros sobre materias primas (CFTC) .

En lo que respecta a la Comisión del Mercado de Valores estadounidense (SEC), el organismo premió a su primer "delator" en el año fiscal 2102, en 2013 se premió a cuatro, en 2014, a nueve. El último se ha anunciado esta semana en la que un informante extranjero recibió más de 30 millones de dólares; se trata de la mayor cifra hasta la fecha, lo que indica que la cantidad recaudada en la operación fue considerable. El premio que recibe el "chivato" por su información suele ser entre el 10% y el 30% del dinero obtenido por la agencia en la operación.

¿Qué determina que la labor de un delator se pague de manera más o menos generosa? Pues aspectos como el valor de la información, la ayuda que se proporcione a lo largo del proceso o que la persona haya tratado de denunciar internamente el fraude; en cambio, puede reducir la cantidad el hecho de que el delator haya participado en el delito, se retrase injustificadamente en la entrega de la información o haya impedido su conocimiento a nivel interno.

El dinero para compensar a los delatores, cuya identidad permanece en el anonimato, proviene de un fondo asignado por el Congreso que se nutre de las multas a los infractores, por lo que, según la SEC, no vendría "ni de los contribuyentes ni de inversores afectados". Cualquier persona o personas físicas pueden ser elegibles como whistleblowers, se puede ser trabajador de la empresa investigada o no; la excepción se aplica a las compañías y organizaciones que no pueden ser catalogadas como whistleblowers.

En otros países, como el nuestro, el pago a aquellas personas que denuncien un fraude no está tan extendido. Más bien es inexistente. Aunque según la Agencia Tributaria las denuncias anónimas de particulares en materia de fraude fiscal han aumentado en los últimos años, éstas no reciben ningún tipo de compensación. La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado elaboró a principios de año una propuesta de estatuto de la Agencia Tributaria por la que se permitiría a este colectivo realizar pagos a confidentes. El presidente de la Organización de Inspectores, Ransés Pérez Boga, enmarcó ésta y otras medidas en la aprobación del Estatuto de la Agencia Tributaria, anunciado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Una aprobación que vendría en paralelo a la reforma fiscal y cuya entrada en vigor no sería hasta 2016.

En contraste con esta realidad lenta y discreta, la Comisión de Valores estadounidense anuncia su trabajo en notas de prensa y describe detalladamente en la web de la "Oficina de los Delatores" (Office of the Whistleblower) los pasos para llevar a cabo cualquier tipo de denuncia.

Y ésta no es la única herramienta contra el fraude que existe en Estados Unidos. También existe la llamada "Ley de Falsas Reclamaciones" (False Claims Act) o "Ley de Lincoln", llamada de esta forma por haber sido aprobada durante la administración del presidente Abraham Lincoln en el año 1863. Ésta es una ley federal que permite a los individuos presentar una acción de informante en contra de una persona o empresa responsable de defraudar al gobierno federal. Según Bloomberg, en 2013, hubo un record en el número de casos denunciados bajo esta ley, con la que el Departamento de Justicia podría recaudar más de 5.000 millones de dólares en el año fiscal 2014.