EEUU declara a Argentina ‘en desacato’ mientras crece la tensión diplomática

Griesa, juez de Nueva York que tiene a su cargo desde hace diez años las demandas de los acreedores del Gobierno argentino, considera que el país sudamericano ha desobedecido su orden de desembolsar 1.300 millones de dólares a los fondos NML, Aurelius y Elliot, impuesta en noviembre de 2012, al realizar maniobras dilatorias que apuntarían a eludir al juez.

Deuda histórica

El caso se remonta a la crisis que vivió Argentina en 2001, tras la cual dejó en suspenso el pago de su deuda de alrededor de 100.000 millones de dólares, heredada en buena parte de la dictadura militar. Tras reestructuraciones acordadas en 2005 y 2010 con la mayoría de los acreedores (93%), el país obtuvo una reducción del 70% en el valor de los títulos.

Una pequeña minoría de esos inversores (7%) no aceptó la propuesta y reclama el pago de la totalidad de la deuda, más intereses y multas, que se elevarían a 50.000 dólares por día de atraso. Después de haber obtenido la declaración de "desacato" y pedir la multa, los fondos quieren también "sanciones no monetarias" para la nación sudamericana, pero Griesa no tomó ninguna decisión en ese sentido.

El magistrado de Nueva York (cuya inflexibilidad ya se ha visto en sentencias contra el FBI, a favor del Partido de los Trabajadores Socialistas (troskista), contra el sindicato de camioneros de Estados Unidos y hasta a favor del Gobierno argentino) ha rechazado las apelaciones argentinas y ha embargado el depósito que ese país hiciera en julio de este año en la cuenta destinada a la mayoría de los acreedores.

Argentina debe pagar primero a los holdouts ("buitres", como son llamados) antes de continuar pagando a los demás poseedores de papeles de la deuda, ha determinado el juez. Debido a la intransigencia que manifiesta el magistrado, la administración de la presidente Cristina Kirchner llegó a proponer el traslado de la jurisdicción del litigio hacia su propio territorio, propuesta que fue vista en Estados Unidos como un intento de evadirse de los alcances de la justicia norteamericana.

Justicia y diplomacia

"El problema es que la República Argentina viene tomando medidas para intentar eludir partes decisivas (de la sentencia)", señaló Griesa en una audiencia en Nueva York. El Gobierno de Kirchner (que ha recibido apoyos internacionales a su causa, como los del gobierno de Francia, China, el FMI y la mayoría de los países de la OEA) aprobó en septiembre una ley llamada Pago Soberano para pagarle a sus acreedores en entidades de Argentina y Francia sin estar obligado a pagarle también a los buitres.

La embajadora argentina en aquel país, Cecilia Nahón, le envió una carta al vicepresidente John Kerry en la que afirma que su país es "víctima del asedio" de los fondos buitres y de una orden judicial "imposible de cumplir", puesto que si pagara lo que Griesa impone, otros fondos podrían demandar un desembolso semejante, comprometiendo así las escasas reservas con que cuenta el país.

Argentina sostiene que la decisión del juez Thomas Griesa de colocarla en "desacato" viola el derecho internacional. Por ello quiere llevar a Estados Unidos hasta la Corte Internacional de Justicia de La Haya para dirimir el conflicto, jurisdicción que Washington no acepta. La cancillería argentina distribuyó un comunicado en el que responsabiliza al país de Obama por las decisiones del juez, denunciando también la realización de una campaña en su contra.

"La decisión del Juez municipal Thomas Griesa", expresa, "es violatoria del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. (…) No tiene ningún efecto práctico, salvo proveer de nuevos elementos que sirvan a la difamante campaña política y mediática llevada adelante por los fondos buitre contra la Argentina", se lee en el documento.