Se trata de la segunda multa más alta de la historia del automóvil, cifra solo superada por los 1.200 millones de dólares pagados el año pasado por Toyota por ocultar a las autoridades de Estados Unidos un defecto que causaba aceleraciones involuntarias en algunos de sus modelos. General Motors ha aceptado pagar la millonaria multa […]
Dirigentes Digital
| 18 sep 2015
Se trata de la segunda multa más alta de la historia del automóvil, cifra solo superada por los 1.200 millones de dólares pagados el año pasado por Toyota por ocultar a las autoridades de Estados Unidos un defecto que causaba aceleraciones involuntarias en algunos de sus modelos.
General Motors ha aceptado pagar la millonaria multa y firmar un acuerdo de enjuiciamiento por el que la compañía ha sido imputada por dos delitos. También ha accedido a estar bajo control de un inspector federal independiente que vigilará las actuaciones de la empresa en materia de seguridad y llamadas a revisión durante tres años. Si la multinacional cumple los términos del acuerdo, al cabo de los tres años los fiscales estadounidenses desestimarán los cargos contra General Motors.
"Las partes de este acuerdo han resuelto alegaciones complicadas sin la carga, el gasto y la incertidumbre del litigio", decía en un comunicado el vicepresidente ejecutivo de General Motors, Craig Glidden.
El anuncio se produce pocas semanas después de que el abogado de General Motors, Kenneth Feinberg, estableciese de forma independiente qué personas recibirán la indemnización por los problemas que han provocado sus coches. El pasado agosto Feinberg anunciaba que el fondo de indemnización de la compañía reconocerá 399 demandas, entre ellas 124 por muerte. El resto son 17 por lesiones muy graves y 258 por lesiones graves. Kenneth Feinberg ha rechazado otras 349 solicitudes de indemnización por fallecimiento, 262 por lesiones muy graves y 3.333 por lesiones graves.
10 años ocultando el problema
El acuerdo al que se ha llegado pone fin a una investigación del Gobierno estadounidense iniciada el año pasado debido a las demandas interpuestas contra la compañía de automóviles por engañar a los consumidores durante más de 10 años. Al parecer, empleados de la multinacional sabían lo que ocurría hacía una década pero nadie tomó medidas para solucionarlo.
El escándalo estalló a principios de 2014 y una investigación interna de la compañía reconocía públicamente la existencia de un defecto en sus vehículos. En su momento la consejera delegada de General Motors, Mary Barra (que acababa de asumir su cargo) se disculpó y tras el anuncio de la multa lo ha vuelto a hacer: "Los errores nunca deberían haberse producido. Pedimos perdón una vez más", decía Mary Barra.
Anthony Foxx, secretario de Transporte de Estados Unidos, señaló que General Motors "no solo no reveló este mortal defecto sino que, como demuestra la investigación del Departamento de Justicia, ocultó de forma activa la verdad tanto a la Administración Nacional de Seguridad Vial como al público".
Concretamente 2,6 millones de coches de General Motors, entre los que se encuentra el Cobalt Chevrolet, tenían el defecto de fábrica. El problema hacía que los interruptores de encendido se salieran de esa posición de encendido y apagaran el motor de manera repentina, por tanto dejaba de funcionar la dirección asistida y quedaba anulado el sistema de ‘airbag’.
La inspectora general del Programa de Ayuda a Activos Problemáticos, Christy Goldsmith Romero, ha manifestado que "si General Motors hubiese gastado menos de un dólar por vehículo en arreglar el problema, habría evitado la instalación de los sistemas de ignición defectuosos", por lo que, en su opinión, "las muertes provocadas fueron totalmente evitables".
General Motors ha anunciado que pagará 575 millones de dólares en indemnizaciones a personas afectadas por el defecto, entre ellos los familiares de las víctimas.
"Este ha sido un caso muy difícil", decía Preet Bharara, fiscal general del distrito meridional de Nueva York, quien añadía que lo ha sido "especialmente para las familias de las víctimas que murieron mientras conducían los vehículos de General Motors". "Precisamente ellos han estado en todo momento en nuestras mentas durante la investigación".
"El acuerdo alcanzado con General Motors es un mensaje para los fabricantes: los engaños y retrasos son inaceptables, y el precio por tener ese comportamiento es elevado", explicaba Anthony Foxx.
Por su parte, el director de la Administración Nacional de Seguridad Vial, Mark Rosekind, afirmaba que "las acciones tomadas fortalecen los esfuerzos de su organismo para proteger al público". "Mandamos un mensaje no solo para General Motors, sino para todo el sector del automóvil, que en lo que se refiere a seguridad, decir toda la verdad es la única opción".
