En cuanto al IVA defraudado o no recaudado, los Estados miembros perdieron en su conjunto unos 168.000 millones de euros en el año 2013, el último ejercicio del que se tienen datos, un gap del 15,2% respecto a lo que estimaron que entraría a las arcas públicas. Estos ingresos perdidos son la diferencia entre la cantidad que se esperaba recaudar y la finalmente recogida por las autoridades nacionales.
Los países que mejor controlado tienen su sistema de recogida de impuestos de IVA son Finlandia, Países Bajos y Suecia, que apenas contaron en 2013 con una diferencia de entre el 4,1% y el 4,3% entre lo que recogieron y lo que tenían previsto. En el otro lado de la lista se encuentra Rumanía dejando de ingresar el 41,1% estimado, Eslovaquia perdiendo el 34,9%, Lituania el 37,7% y Grecia o Italia el 34% y el 33,6%, respectivamente.
España dejó de ingresar 11.610 millones de euros en 2013 en este concepto. Respecto al año anterior, 2012, España ha conseguido reducir su brecha en medio punto. Por su parte, Alemania ha perdido el 11,2% de lo que esperaba, un total de 24,873 millones; Francia, el 8,9% (14.096 millones) y Reino Unido, el 9,8% (15.431 millones).
En cuanto a los paraísos fiscales, son conocidas las prácticas de países como Austria o Luxemburgo sobre tipos impositivos muy bajos y secretísimo bancario. Pero lo más investigado en Europa son los casos de evasión de impuestos por parte de multinacionales. Ya no sólo por el escándalo que supone que una gran empresa pague menos impuestos que otras de menor tamaño que se ciñen a las reglas, sino también por lo que se refiere a la falta de solidaridad de unos países europeos frente al resto.
El último escándalo llegó cuando la Comisión Europea exigió a Starbucks y Fiat el pago de entre 20 y 30 millones de euros cada una a los Gobiernos de Holanda y Luxemburgo, respectivamente, con los que firmaron contratos considerados ayudas de Estado ilegales. No se trataba de una multa, sino de la devolución del dinero que se han ahorrado en impuestos y que paradójicamente los países habían consentido.
La ingeniería fiscal va en contra de la competencia y para Bruselas es ilegal toda práctica que no permita un trato igualitario a otras empresas que también tributen en el país. En el caso de Starbucks, la CE determinó que su filial en Amsterdam obtuvo una ventaja fiscal por parte de las autoridades holandesas en 2008. En cuanto a Fiat y el acuerdo con Luxemburgo se refiere al año 2012, periodo en el que el actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, era primer ministro del Gran Ducado.
Precisamente Luxemburgo está bajo el punto de mira, tras el famoso LuxLeaks, donde se señalan a 340 multinacionales que habrían desviado al Gran Ducado parte de los beneficios generados incluso en otros Estados miembros, a cambio de reducciones fiscales ofrecidas por el Gobierno luxemburgués.
Después de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) destapara el caso, la cartera de Competencia de la Comisión aseguraba que la lucha contra la evasión fiscal sería una de las prioridades del actual Ejecutivo comunitario. Sin embargo, por el momento no ha entrado a investigar los casos concretos de LuxLeaks sino otros acuerdos que ya se habían abierto cuando Joaquín Almunia era comisario de Competencia. Es el caso de ventajas fiscales que el Gobierno de Luxemburgo concedió al gigante estadounidense Amazon o el Ejecutivo de Irlanda a Apple.
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