Las más duras han sido las del presidente de Canarias, Paulino Rivero, que ha amenazado a Mariano Rajoy con romper las relaciones institucionales si no rectifica en la decisión de permitir a Repsol iniciar las actividades exploratorias en tres zonas marinas a 50 kilómetros de las costas de Lanzarote.
"Un asunto de esta controversia que no merezca una mínima atención para comunicarlo previamente, además a mediados de un mes como agosto, es prueba de ese desprecio. Queriendo llevar este asunto a cabo como si fuéramos una colonia del siglo pasado. Los canarios no lo vamos a permitir", ha explicado en rueda de prensa convocada por la autorización. Ayer, el Gobierno dio luz verde a Repsol para los sondeos con la publicación en el BOE.
Aunque no hubo anuncio oficial, el ministro de Industria, José Manuel Soria, adelantó que el Ejecutivo estudia cambios tributarios para la Comunidad Autónoma para que se beneficie de la que más probable producción petrolera. "El tema de las prospecciones no se puede encauzar con compensaciones económicas. Esto no es un mercadeo, no es un regateo, sino un asunto de fondo que es el modelo económico de Canarias", ha respondido Rivero, que ha señalado que la decisión del Gobierno pone en juego decenas de miles de puestos de trabajo y los 13.000 millones de euros de la actividad turísticos en Canarias. El Gobierno canario tiene previsto pedir la suspensión cautelar y emprender acciones tanto en los tribunales como ante Bruselas.
Ayuntamientos y cabildos apoyan el rechazo del gobierno autonómico. El alcalde de Fuerteventura, Mario Cabrera, ha advertido a La Caixa y Sacyr, accionistas de Repsol, que si no ejerce presión la isla romperá relaciones mercantiles. "En Fuerteventura se trabaja con La Caixa pero se puede dejar de trabajar al día siguiente. Con Sacyr son adjudicaciones, pero si no se mueven nos alegraría enormemente que no tenga obras en Fuerteventura", ha amenazado.
A las protestas se sumaron Greenpeace, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, SEO/BirdLife y WWF que piden la paralización del proyecto y anunciaron que emprenderán acciones judiciales ante lo que consideran una tramitación plagada de falta de información y trabas.
Repsol tiene cuatro años para desarrollar las actividades exploratorias. La compañía tiene previsto comenzarlas en otoño. La compañía prevé invertir 350 millones de dólares en estas tareas. La previsión más moderada es que los yacimientos pueden albergar unos 898 millones de barriles de crudo, capaces de abastecer el 10 % del consumo del país y de rebajar las facturas de España en importación de crudo en unos 30.000 millones de euros en los próximos 20 años. La autorización del Gobierno exige el depósito de 60 millones para afrontar accidentes medioambientales.
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