Japón se suma a los países que apuestan por las bitcoins. La Autoridad de Servicios Financieros de Japón aspira a cambiar la normativa nacional por la que, desde marzo de 2014, el bitcoin es una mercancía y no una divisa para que pueda utilizarse la moneda virtual como un medio de pago equivalente a otras […]
Dirigentes Digital
| 24 feb 2016
Japón se suma a los países que apuestan por las bitcoins. La Autoridad de Servicios Financieros de Japón aspira a cambiar la normativa nacional por la que, desde marzo de 2014, el bitcoin es una mercancía y no una divisa para que pueda utilizarse la moneda virtual como un medio de pago equivalente a otras monedas. Además, Japón quiere que las bitcoin se puedan intercambiar por monedas de curso legal.
Para ello se deberá cambiar la normativa ya comentada de marzo de 2014, aprobada tras el famoso caso de Mt.Gox, por entonces la mayor casa de cambio de bitcoins y que se declaró en quiebra tras "extraviar" 650 millones de dólares de sus clientes. Y es que, según las autoridades financieras de Japón, aunque finalmente se cambie esta normativa para potenciar las bitcoins, las entidades que decidan ofertar transacciones y servicios con ellas deberán someterse a revisiones de las autoridades japonesas para evitar otro posible "caso Mt.Gox".
Según ha informado el diario Nikkei, el objetivo de cambiar esta ley para impulsar las bitcoins es "reforzar la protección de los usuarios, facilitar su uso y responder a la creciente demanda de estas divisas", al igual que "facilitar el desarrollo tecnológico", especialmente en cuanto a transacciones comerciales y financieras a través de Internet.
El anuncio de Japón llega poco después que China anunciara que también apostaría por esta moneda digital, justo cuando la bitcoin atraviesa una importante devaluación y genera incertidumbres entre algunos inversores dada su volatilidad y la falta de regulación concreta. Sin embargo, el propio FMI concluyó en un informe que las monedas virtuales han llegado para quedarse, y que su uso podría reducir los costes de las transferencias internacionales, acortar los tiempos de espera y permitir contratos inteligentes.
