Cualquier medida que ha salido de los parlamentos autonómicos para paliar el drama de los desahucios se ha encontrado de frente con el Gobierno de Mariano Rajoy. Ocurrió en Navarra y en Andalucía que aprobaron leyes muy parecidas en materia de vivienda. En ambos casos el Ejecutivo recurrió al Tribunal Constitucional para tumbar las iniciativas legislativas. Hoy martes la sala ha anulado parcialmente la norma andaluza en los aspectos quepreveía la expropiación de viviendas vacías en manos de los bancos por considerar competencias exclusivas del Ejecutivo central.
La sentencia, que cuenta con tres votos particulares, entiende que el decreto-ley andaluz obstaculiza la eficacia de las medidas de política económica desarrolladas por el Gobierno. La ley fue suspendida el año pasado tras recibir el recurso de Rajoy. Una de las medidas más polémicas es que contemplaba la expropiación temporal de una vivienda cuando se estaba ejecutando un desahucio para paralizarlo.
El Constitucional ya se pronunció en la paralización de una ley parecida en Navarra en favor a la estabilidad financiera del país, "las instituciones financieras españolas tienen una conexión estrecha con el cumplimiento por España de sus compromisos internacionales en materia de ayudas de Estado". Y argumentó "en una situación económica de desconfianza como la presente constituía un interés público que justificaba el mantenimiento de la suspensión de una ley autonómica", aludiendo a una sentencia de 2010.
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