La defensa de la infanta Cristina de Borbón buscaba que su clienta no fuese juzgada apelando a la llamada "doctrina Botín", por la cual no puede juzgarse a una persona por delito fiscal si la acusación no proviene de la Abogacía del Estado o la Fiscalía. En el caso de la hermana del Rey, únicamente la acusa el sindicato Manos Limpias, es decir, únicamente acusación popular.
La Audiencia Provincial de Baleares tenía hasta el día 9 de febrero para decidir si finalmente la infanta podría acogerse a este sistema para librarse de la acusación. Hoy, mediante un auto, el Tribunal ha decidido que la infanta seguirá en el banquillo de los acusados junto a su marido, Iñaki Urdangarín, y será juzgada como cooperadora necesaria en dos delitos fiscales.
La Casa Real ha expresado a través de un portavoz su "absoluto respeto a la independencia del poder judicial", coincidiendo con la visita a la Zarzuela de la portavoz de En Marea, Alexandra Fernández, para la segunda ronda de contactos del Rey.
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