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Con la nueva reforma del Código Penal que propone el Partido Popular, está acción se podría convertir en un delito el próximo mes de enero, cuando la propuesta popular sea llevada al Congreso el día 20 de ese mes. Según la Enmienda al Código Penal, el artículo 573 bis refleja: "Será castigado con una pena de prisión de uno a ocho años quien consulte habitualmente uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea o adquiera o tenga en su poder documentos que estén dirigidos o, por su contenido, resulten idóneos para incitar a otros o reforzar la decisión adoptada de incorporarse a una organización o grupo terrorista, a un grupo que conspirase para cometer alguno de los delitos del artículo 571 (los de terrorismo) o que hubiera iniciado preparativos para ello, o de colaborar con cualquiera de ellos o con sus fines".
Es decir, esta enmienda, que cambiaría por completo la concepción de la lucha penal contra el terrorismo al penalizar más los comportamientos individuales que los de un grupo organizado, castiga con entre uno y ocho años a quien consulte páginas en las que se incite a incorporarse a una organización terrorista.
El ‘as’ en la manga del PP
La vía de las enmiendas ha sido una de las preferidas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que ya la ha utilizado en varios proyectos de ley en trámite en el Congreso para legislar sobre asuntos trascendentes, en ocasiones vinculados a derechos fundamentales. De esta manera, evitan los informes perceptivos técnicos en los que pueden aparecer sugerencias o críticas, y evita también la polémica del debate y la controversia.
Así lo hace también en este caso, con la presentación de 90 enmiendas sobre terrorismo tramitadas ‘deprisa y corriendo’. Este método fue el utilizado también por el PP hace muy poco, con la legalización en la ley de seguridad ciudadana de las devoluciones en caliente de inmigrantes que saltan la valla de Ceuta o Melilla.
El PSOE, por su parte, ha criticado duramente al PP al considerar que ha roto todos los consensos en la lucha contra el terrorismo al haber presentado una propuesta de nueva regulación penal, sin consulta previa, para aprobarla en solitario en las Cortes.
Durante los últimos 30 años, el terrorismo ha sido considerado cuestión de Estado, de manera que todo Gobierno antes de presentar reformas en esta materia hablaba con el partido de la oposición, negociándolas en su caso y pactando el consenso, e incluso los disensos.
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