Esta semana Telefónica cumple 15 años en México. Los últimos, no faltos de conflictos. Hace 53 meses, en marzo de 2012, la compañía interpuso una demanda de arbitraje al Gobierno mexicano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), institución dependiente del Banco Mundial. Este centro se encarga de asegurar […]
Dirigentes Digital
| 13 sep 2016
Esta semana Telefónica cumple 15 años en México. Los últimos, no faltos de conflictos. Hace 53 meses, en marzo de 2012, la compañía interpuso una demanda de arbitraje al Gobierno mexicano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), institución dependiente del Banco Mundial. Este centro se encarga de asegurar la protección de inversiones en el extranjero.
Para entonces, y tras la reducción de un recorte sobre el 60% de las tarifas de interconexión, ordenado entonces por la desaparecida Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Telefónica decidió demandar al país por la falta de protección de sus inversiones extranjeras en materia de telecomunicaciones. La operadora alegó entonces que el Gobierno no había detenido el avance de un actor dominante en el sector.
En abril de este año se conoció la suspensión temporal del procedimiento: "Se suspende el procedimiento hasta el 16 de septiembre de 2016, de conformidad con el acuerdo de las partes el 18 de marzo de 2016", decía el informe del CIADI.
Ahora ambas partes esperan a que se reactive el procedimiento, aunque es muy pronto para especular sobre el fin del mismo; antes los árbitros en el CIADI deberán determinar las precisiones del marco normativo mexicano de entonces y las facultades de las autoridades reguladoras sobre políticas de interconexión de redes, que es donde finca Telefónica su demanda, explican medios locales.
En los últimos seis meses, Telefónica y el Ejecutivo mexicano han intentado acercar posturas sin demasiado éxito. El Gobierno deberá seguir luchando para evitar la multa que tendría que pagar a la ‘teleco’ de perder el pleito. Ésta asciende a 850 millones de euros.