Hace seis años el popular Antonio Zoido denunció el caso Mercasevilla, por el cobro de comisiones ilegales a empresarios por parte de funcionarios de la Junta. Lo que parecía un caso aislado se ha convertido en uno de los símbolos de corrupción de España. La juez Mercedes Alaya durante cuatro ha deshecho la madeja de un entramado que ha implicado a altos cargos del Gobierno autonómico.
Más de 220 personas están imputadas en la causa que ha alcanzado hasta los ex presidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El caso tiene todos los ingredientes de un caso de libro de corrupción, un Gobierno que bajo su paraguas se actúa con impunidad, personajes estrafalarios, una juez implacable y fondos públicos que se un proyecto con un fin honorable. Bajo la presidencia de Manuel Chaves n el año 2001, la Junta de Andalucía, presidida por Manuel Chaves creo un fondo para ayudar a empresas con problemas para afrontar prejubilaciones y apoyar a los empleados que fuera despedidos. El fondo estaba financiado desde los presupuestos con una dotación de más de 700 millones.
De este instrumento se beneficiaron tanto empresarios como funcionarios. Se realizaron prejubilaciones presuntamente fraudulentas, pagadas a personas que nunca habían trabajado en las empresas afectadas, recibieron subvenciones empresas que no había ejecutado ningún ERE y se repartieron hasta 70 millones en comisiones entre aseguradoras consultoras, bufetes de abogados y sindicalistas.
Los ERE han sido la principal arma arrojadiza de la oposición durante la campaña contra Susana. Díaz se ha defendido con nuevas propuestas contra la corrupción y poner en valor las iniciativas en transparencia que ha adoptado la Junta en los últimos meses. Pero el ERE todavía está dando sorpresas. UGT se benefició de la estructura de la trama para financiarse de manera ilegal con facturas falsas.
Pero si los ERE acapara los titulares no menos sonados ha sido el caso Edu, vinculados a los cursos de formación para trabajadores. El fraude asciende a los 2.000 millones, muy por encima de los ERE. Presuntamente, la Junta habría pagado cursos de formación que no se llegaron a realizar, sin exigir justificación de la realización de estos ni demandar la devolución de los fondos en caso de que el curso no se impartiera. La investigación se inició en la provincia de Málaga y actualmente se está extendiendo a toda Andalucía. Actualmente hay 17 empresas implicadas y más de 200 personas bajo investigación.
Para rizar el rizo todavía colea el caso Invercaria, donde la Junta de Andalucía está implicada por culpa de una empresa pública de capital riesgo a través de la desviaron fondos públicos a compañía privadas.
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