La subida de las pensiones estanca el diálogo entre Empleo y sindicatos

Este martes se han iniciado oficialmente las negociaciones de los agentes sociales y del Ministerio de Empleo en materia de pensiones, con el objetivo de elaborar una serie de recomendaciones que se adopten en la Comisión del Pacto de Toledo. La primera mesa ha reunido a la ministra, Fátima Báñez, con los presidentes de la CEOE y CEPYME, Juan Rosell y Antonio Garamendi, y los secretarios generales de CCOO y de UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez. Los puntos a abordar varían desde la financiación del actual sistema de prestaciones, hasta temas específicos de empleo como el paro de larga duración o las indemnizaciones de los temporales. Pero un sólo encuentro ha hecho falta para constatar que las negociaciones entre Gobierno, patronal y sindicatos se plantean difíciles. La revalorización media de las pensiones que entrará en vigor en enero de 2017 ha sido el asunto en cuestión que ha generado la polémica. Según fuentes sindicales, el Gobierno no está dispuesto a negociar una subida superior al 0,25% tradicional. Por su parte, los representantes de los trabajadores sostienen que las prestaciones deben adecuarse a la inflación prevista para el próximo año, en torno al 1,2%, lo que da margen a una subida mucho mayor. “A día de hoy no hay posibilidad de iniciar esta negociación”, sentenciaba Pepe Álvarez, líder de UGT, en declaraciones a los medios. Tanto CCOO como UGT han confirmado que seguirán luchando para lograr la paridad entre el valor de las pensiones y la subida del IPC, incluso no descartan volver a acudir a las movilizaciones si fuera “necesario”. El Congreso ya vetó anteriormente un proposición de ley que recogía esta reforma, con los votos en contra del PP y Ciudadanos. En la reunión se ha fijado también un calendario para las próximas mesas donde se tratarán la calidad de empleo, el Estatuto de los Trabajadores, la Garantía Juvenil, el paro de larga duración, el desempleo juvenil, la ley de mutuas y  las pensiones en mayor profundidad. La hucha de las pensiones La reuniones en torno a la Comisión del Pacto de Toledo tienen como fin discutir las propuestas de los agentes sociales sobre la reforma en la financiación del actual modelo de prestaciones. Esta sería la sexta reforma emprendida sobre dicho modelo en la etapa democrática y quizás la más importante, pues el sistema de préstaciones públicas está bajo mínimos. El principal problema viene del lado de los ingresos, las cotizaciones a la Seguridad Social no son suficientes, ni llegarán a serlo, para cubrir todas las pensiones previstas (8,5 millones) tanto a nivel contributivo como de carácter social. El déficit actual del organismo es insostenible, con 19.000 millones de pasivo previstos al cierre del 2016. La llamada “hucha de las pensiones” tampoco es una opción, ya que el propio Ejecutivo ha aceptado que su fecha de caducidad será probablemente 2017. Actualmente quedan en reserva 24.200 millones de euros, pero previsiblemente el abono de las pagas extras de verano y navidad, cada una en torno a los 17.000 millones de euros, se lleve el resto. El objetivo es buscar la mejor forma alternativa de financiación. En la Comisión ya se han expuesto propuestas como crear un impuesto específico para financiar la Seguridad Social, financiar parte de las prestaciones a través de otros impuestos (IVA) o que las pensiones de viudedad y horfandad dejen de formar parte del sistema de financiación contributivo. El Ejecutivo ya anunció su intención de subir la base máxima de cotización un 3% y la mínima un 8%, en consonancia con el incremento del SMI, además de incrementar las pensiones mínimas para no desincentivar la cotización. Por su parte, UGT ya propuso sufragar todo el sistema vía impuestos para complementar las cotizaciones y la creación de un nuevo impuesto tecnológico y otro a las grandes fortunas. También planteó la supresión de las subvenciones a la contratación y el destope de la pensión máxima. Desde CCOO no ven con tan malos ojos que las pensiones de viudedad y orfandad de integren en los Presupuestos Generales del Estado y prefieren que el Ejecutivo haga una aportación directa al sistema de la Seguridad Social a que se cree un impuesto específico para ello.