El FMI insta a China a controlar sus niveles de deuda corporativa

Los esfuerzos del Gobierno chino por estimular la economía a través de inyecciones de liquidez son un arma de doble filo. A pesar de las altas tasas de crecimiento, las compañías chinas están registran niveles de apalancamiento peligrosos que podrían derivar en riesgos para la estabilidad de la segunda economía mundial, según expone el Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde 2009, el flujo de crédito en China ha crecido a un ritmo del 20% anual, muy por encima del incremento registrado en el PIB durante el mismo periodo. La tendencia se agudiza en lo relativo al crédito no financiero, el cual se ha incrementado desde el 150% hasta el 200%, tasas casi 25 puntos porcentuales superiores a la media histórica. El organismo internacional compara esta “brecha” entre el crédito y el producto interior nominal con la de países como España, Japón o Tailandia, en los que se han experimentado “dolorosos procesos de desapalancamiento”. El boom experimentado en la financiación a empresas refleja en parte los esfuerzos del Gobierno chino por estimular la economía a través de importantes préstamos para infraestructuras y construcción inmobiliaria. El resultado del exceso de liquidez ha sido la “sobreconstrucción” y un elevado parqué de viviendas en cartera que no encuentran salida. Además, algunas industrias se han encontrado con un exceso de capacidad no cubierto por su actividad. Este es el caso del acero, el cemento y el carbón. Sin embargo, los resultados empresariales no son tan positivos como para sostener estos niveles de endeudamiento. La caída de los beneficios y el boom de los préstamos ha generado una burbuja de deuda corporativa. El problema es aún mayor en las empresas públicas, que al tener preferencia en el acceso a la financiación y garantías gubernamentales, también afrontan menores costes de endeudamiento. El FMI aconseja al Gobierno chino que actúe “rápido” para controlar estos niveles de deuda, aunque sacrifique cierto crecimiento económico a corto plazo. En concreto, el organismo pide al Ejecutivo que deje de financiar a las empresas débiles, que refuerce la regulación sobre gobierno corporativo, que reduzca los costes sociales de este problema y que acepte cierta ralentización del crecimiento. La resolución de este problema debe abordarse en conjunto tanto por el Gobierno central como por los poderes locales y los supervisores financieros. En este sentido, el organismo ve necesaria la mejora de la ley de insolvencias, la garantía de una transición segura para los trabajadores que pierdan sus empleos (ayudas públicas y recolocación), mejorar la competitividad en los mercados y reforzar los recursos disponibles para los gobiernos locales. Uno de los efectos de la apertura del “grifo” a las empresas es el aumento del número de trabajadores contratados. Así lo confirman los últimos datos publicados por el Ministerio de Empleo chino, que cifran el incremento en el número de empleos en 13 millones durante todo 2016. La creación de puestos de trabajo ha superado las previsiones oficiales, que situaban la cifra en los diez millones de empleos.