La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha ido un paso más allá y ha asegurado que, según sus previsiones, España no cumplirá con el objetivo de deuda en las próximas dos décadas. La reducción del pasivo por debajo del 60% para 2020 es el objetivo contemplado en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y […]
Dirigentes Digital
| 11 abr 2017
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha ido un paso más allá y ha asegurado que, según sus previsiones, España no cumplirá con el objetivo de deuda en las próximas dos décadas. La reducción del pasivo por debajo del 60% para 2020 es el objetivo contemplado en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (60% total AAPP, 44% Administración Central, 13% CCAA y 3% entidades locales). Sin embargo, el organismo ve muy difícil que el conjunto de las Administraciones cumplan este plazo a excepción de los ayuntamientos. En 2016, el conjunto formado por la Administración Central y la Seguridad Social alcanzó una ratio de deuda del 71,6%, por debajo del objetivo fijado del 72%, al igual que el 2,9% alcanzado por los ayuntamientos, por debajo del 3% estipulado. Sin embargo, la deuda de las Comunidades Autónomas creció hasta el 24,9%, cinco décimas por encima del 24,4% comprometido. Los mayores incrementos se registraron en Aragón (1%), Cantabria (1,1%), Extremadura (2,2%), Murcia (1,5%) y Valencia (1,1%). Según las previsiones de la AIReF, tan sólo el subsector de ayuntamientos y entidades locales logrará cumplir con su objetivo de deuda en 2020. El saldo primario positivo que arrojan desde 2012 es la principal causa de este cumplimiento, además de una acumulación significativa de activos. El sector encadena ya cinco años consecutivos de superávit, lo que le ha permitido hacer frente con holgura al repago de su deuda. En el sentido contrario se encuentran las CCAA, que en algunos casos podrían llegar a cumplir el objetivo, como en Madrid, Navarra o País Vasco, mientras que se aprecian graves desviaciones, como las de Cataluña, Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha, que seguirían necesitando destinar más de 70 días de trabajo adicionales respecto al nivel de referencia. El organismo aconseja revisar los objetivos para buscar un límite realista de cara a la reducción de la deuda.