El Gobierno de Enrique Peña Nieto, que comenzó en 2012 y termina en 2018, ha realizado hasta la fecha 12 reformas a la Constitución. Su fin: “fortalecer las bases económicas y productivas para incrementar la competitividad y mejorar la productividad”, según fundamentó. Tales modificaciones han alcanzado un espectro institucional que va desde el sistema […]
Dirigentes Digital
| 13 jun 2017
El Gobierno de Enrique Peña Nieto, que comenzó en 2012 y termina en 2018, ha realizado hasta la fecha 12 reformas a la Constitución. Su fin: “fortalecer las bases económicas y productivas para incrementar la competitividad y mejorar la productividad”, según fundamentó. Tales modificaciones han alcanzado un espectro institucional que va desde el sistema laboral al educativo, incluyendo sectores como el de la energía y las telecomunicaciones, además de los regímenes fiscal, financiero y de competencia económica. Las iniciativas le han valido un reconocimiento de la OCDE, que en su Estudio Económico 2017 señala que las reformas “han fortalecido la resiliencia de la economía de México, a pesar del complicado entorno nacional y el difícil contexto global”. Desregulación e innovación Ahora, tras la reunión de ministros de los 35 países miembros que se realizó en París del 6 al 8 de junio, la organización refuerza su recomendación de combatir la inseguridad e informalidad y avanzar con medidas que favorezcan los nuevos negocios y la innovación. “El 57% de la población aún está en la informalidad y ello tiene un impacto brutal sobre la productividad y competitividad de la economía, dijo Álvaro Pereira, director de Economía de países de la OCDE. “Además de combatir la corrupción, también se debe aumentar la seguridad en partes del país que siguen teniendo problemas”, reforzó el economista. “Si bien las nuevas reformas merecen ser reconocidas, el cambio real dependerá del alcance y del éxito de su implementación”, señala por su parte el secretario general de la organización, Angel Gurría, en el más reciente Estudio sobre la Integridad sobre ese país. Corrupción “Si la corrupción no se atiende con eficacia, será imposible atender muchos de los problemas graves que enfrenta el país: caída de productividad y competitividad, desigualdad persistente y varios más”, destacó Gurría a propósito de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, promulgada por Peña Nieto en 2016. En esa línea, el ejecutivo cita cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y otras fuentes, según las cuales México pierde anualmente entre un 5% y un 9% de su PIB debido a la corrupción. Recordando que los mexicanos “han rechazado rotundamente lo que consideran un sistema político y de gobierno plagados de corrupción”, Gurría concluye que “la OCDE seguirá apoyando la implementación (de la ley anticorrupción) y supervisará su avance” en el 2018.
