Los ministros de Economía europeos tomaban nota hoy de la nueva propuesta de la Comisión Europea en materia de IVA, una de las mayores reformas en un cuarto de siglo. El Ejecutivo comunitario quiere modernizar el sistema y reformar el impuesto para las operaciones transfronterizas, con el objetivo de reducir hasta en un 80% las […]
Dirigentes Digital
| 10 oct 2017
Los ministros de Economía europeos tomaban nota hoy de la nueva propuesta de la Comisión Europea en materia de IVA, una de las mayores reformas en un cuarto de siglo. El Ejecutivo comunitario quiere modernizar el sistema y reformar el impuesto para las operaciones transfronterizas, con el objetivo de reducir hasta en un 80% las pérdidas que se dan por actividades irregulares. Esto vendría a significar que podrían recuperarse cada año hasta 40.000 millones de euros de los 50.000 millones que desaparecen por fraudes en el IVA transfronterizo. Una cifra poco desdeñable si se tiene en cuenta que en total cada año se dejan de recaudar 150.000 millones de euros en concepto de IVA. Poniendo el cerco a la recaudación del IVA transfronterizo se podría recuperar, por lo tanto, un tercio de los impuestos que se dejan de ingresar por operaciones fraudulentas. El IVA es una gran fuente de ingresos para los Estados y a groso modo supone el 7% del PIB de la UE. ”La propuesta reforma del IVA también haría el sistema más sólido y más fácil de aplicar para las empresas. La Comisión desea un sistema del IVA que ayude a las empresas europeas a aprovechar todas las ventajas del mercado único y a competir en los mercados mundiales. Las empresas que participan en el comercio transfronterizo, soportan actualmente un 11 % más de costes de cumplimiento en comparación con las que operan únicamente en el territorio nacional. La simplificación y modernización del IVA debe reducir estos costes en un importe estimado en mil millones de euros”, reconoce la Comisión. La propuesta pasa por renovar el actual sistema del IVA, hacerlo en beneficio del mercado único, más sencillo y a prueba de fraudes. El comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, recordaba cómo los países europeos siguen enfrentándose a 28 regímenes distintos de IVA a la hora de realizar actividades transfronterizas. Por ello, los países tendrán que considerar dichas operaciones como nacionales de aquí a 2022. Este cambio ahorrará tiempo a las empresas que comercializan fuera de su país de origen, con menos burocracia. Cuando una empresa venda bienes a otra en otro país europeo, la operación se gravará con el tipo de IVA del Estado miembro al que pertenezca la empresa que compra. La hoja de ruta pasa por acordar luchar contra el fraude, dado que el comercio transfronterizo está exento de IVA, y a partir de que esta normativa se apruebe se recaudará el IVA entre empresas. También habrá una ventanilla única para que el pago se realice a partir de un único portal y serán los Estados los que se paguen recíprocamente el IVA de forma directa. Y para realizar las facturas, se podrán hacer con arreglo a las normas del propio país, aunque las operaciones sean transfronterizas. Se trata de una ambiciosa propuesta legislativa, que pretende modificar la Directiva del IVA que se creó en 1967, aunque el sistema actual de IVA tal cual lo conocemos data de 1993. El Parlamento Europeo la recibirá para su consulta y tendrá que ser aprobada por el conjunto de Estados miembros. La propuesta jurídica llegará en 2018. Por otro lado, la Comisión aplaudió las nuevas normas aprobadas por el Consejo para resolver los litigios fiscales. En una decisión en el marco del Ecofin, que reúne a los ministros europeos de Economía, se garantiza que las empresas y los ciudadanos podrán resolver más rápidamente las las controversias relacionadas con la interpretación de los tratados fiscales, donde se incluyen los casos de la doble tributación, que tanto gasto e incertidumbre generan. En la actualidad se estima que hay alrededor de 900 conflictos por doble tributación en la Unión Europea, que equivalen a 10.500 millones de euros. Para acabar con esto, los países europeos tienen un periodo de casi dos años, hasta el 30 de junio de 2019, para transponer la directiva a la legislación nacional.
