Se ha acabado el plazo para evitar unas nuevas elecciones, algo que ninguno de los partidos políticos españoles deseaban, según sus propias declaraciones, pero no han sido capaces de dejar a un lado sus diferencias y evitar a los españoles lo que supondrán, sobre todo económicamente, unas nuevas elecciones, con sus respectivas campañas.
Lo que ahora todos los españoles temen es que el 26J se repita la historia y volvamos a esta misma situación. Con los últimos sondeos en la mano, la principal coincidencia entre ellos es que Podemos podría perder de la orden de 20 escaños, aunque seguiría manteniéndose como tercera fuerza política detrás del PSOE y por delante de Ciudadanos. La diferencia entre PP y PSOE se situaría en torno a los 8 puntos. Este panorama sólo dejaría dos incógnitas, si la suma entre PP y Ciudadanos conseguiría mayoría absoluta, y si la candidatura conjunta Podemos-Izquierda Unida sumaría más escaños que el Partido Socialista.
¿A qué se enfrenta el nuevo Gobierno?
En Bruselas tienen claro que esta inestabilidad política hace un flaco favor a España, que acaba de recibir más de un revés económico comunitario. A principios de febrero, el déficit dió el primer susto al Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy. La Comisión Europea confirmó la desviación en las cuentas públicas españolas y afirmó que el déficit cerraría 2015 en el 4,8% del PIB frente al 4,2% pactado y se irá al 3,6% frente al 2,8% en 2016. Los datos contrastados fueron aún peores que estas previsiones, ya que Montoro confirmó que el déficit cerró 2015 en el 5,16% del PIB
La desviación del déficit supone que el nuevo Gobierno tendrá que negociar con Bruselas un recorte de 10.400 millones o pactar un aplazamiento, que se sumará al recorte exigido sobre los presupuestos de 2016. La Comisión estima que España volverá a incumplir de nuevo el déficit del 2,8% este año, que supondrá nuevos ajustes adicionales de otros 10.000 millones.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cree que España necesitará 4.000 millones de euros más para que el déficit público quede en el 3,6% del PIB, 2.000 millones más que el recorte anunciado por el actual Gobierno en funciones y que tendrán que asumir las Comunidades Autónomas, en concreto 9 de ellas. Este será un reto de lo más difícil, teniendo en cuenta que el ministro de Hacienda Cristobal Montoro acaba de establecer nuevos objetivos de déficit, más realistas para las Comunidades Autónomas.
Por si esto fuera poco, la deuda del conjunto de las administraciones públicas se situó en 1,081 billones de euros en febrero, según el Banco de España. Por primera vez la deuda supera el PIB acumulado. El ratio supera las previsiones de Hacienda que contempla en los presupuestos de 2016 donde se prevé que se situé al 98,2% a final de año.
El Ejecutivo esperaba que por primera vez desde 2008 se produjera un descenso de la deuda gracias a los menores intereses que paga el Tesoro por emitir deuda y el impulso de la economía. Pero a todas luces se incumplirá los pronósticos, sobre todo, porque el PIB no crecerá al mismo ritmo que en 2015.
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