Hungría, crecimiento económico sin estabilidad política

Este domingo, 8 de abril, casi 8,5 millones de húngaros están llamados a las urnas. Si hacemos caso a las encuestas, hace tiempo que todo está decidido. El partido que gobierna desde 2010, Fidesz, la formación conservadora, euroescéptica y contrario a la llegada de inmigrantes del primer ministro, Viktor Orban, ganará los comicios salvo sorpresa mayúscula. El mandatario magiar se ha hecho un nombre en el Viejo Continente gracias a sus ataques a la Unión Europea, a la que acusa sin ambages de estar realizando un genocidio silencioso de la población local para favorecer a inmigrantes musulmanes. No en vano, Viktor Orban es el más estrecho aliado de uno de los principales ideólogos de la nueva ultraderecha mundial, Steve Bannon, el asesor del que Donald Trump prescindió por su extremismo. Sin embargo, los desencuentros entre Orban y la UE no sólo se circunscriben a sus políticas contrarias a los inmigrantes y refugiados, sino que sus problemas se originaron años atrás, debido a las distintas leyes promulgadas por el Gobierno Orban que, según Bruselas, mutilan el Estado de Derecho en Hungría y violan los principios fundacionales de la Unión. Las críticas europeas se refieren a la Ley de Medios de 2011, que Orban accedió a modificar parcialmente después de que los juristas comunitarios dictaminaran que viola la libertad de prensa y de empresa; la política fiscal, basada en un único tipo impositivo que fomenta la desigualdad; y los decretos sobre ONGs y refugiados, que prohíben en la práctica cualquier política social ajena al Gobierno y permiten encarcelar a los refugiados que entren en el país. Además, la Oficina Antifraude de la UE ha advertido en repetidas ocasiones de que en el país magiar existe un amplio entramado paraestatal al que acusa de fomentar prácticas corruptas con fondos comunitarios. Entre los señalados por presunta corrupción, figura el yerno de Orban, Istvan Tiborcz, al que se acusa de conseguir contratos gubernamentales de forma ilítica. De hecho, la Comisión Europea ha llegado a asegurar que “el volumen de fraudes (en Hungría) supera el promedio europeo, lo que afecta de forma negativa al crecimiento económico”. Sin embargo, este efecto todavía no se ha producido y la propia Comisión augura un alza del PIB para este año del 3,7%. De confirmarse ese dato, supondría uno de los mayores crecimientos económicos de los 28, a pesar de ralentizarse una décima respecto a 2017 y de que el pronóstico para 2019 se ha reducido a un 3,1%. La inflación, por su parte, cerró el año pasado en el 2,4% y Bruselas prevé que aumente paulatinamente en 2018 y 2019, al 2,8% y 2,9%, respectivamente. Hungría cumple además con los estándares europeos en otros dos principales parámetros económicos, el desempleo y el déficit. De este modo, el paro se situó en enero en el 3,8%, uno de los más bajos de la UE, mientras que el déficit ha alcanzado el 2,4% en 2017, sin aproximarse a los límites de la regla europea de gasto. A pesar de este panorama macroeconómico positivo, la economía real húngara arroja un panorama de desigualdad que preocupa a Bruselas. Así, el instituto estadístico comunitario Eurostat señala que el porcentaje de población húngara viviendo en condiciones de pobreza duplica la media de la UE, con un 32% de afectados. Como explicación a este fenómeno, los expertos señalan varias causas, en especial la política fiscal del Gobierno Orban, que incluye un IVA de un 27% y una carga sobre los salarios del 50%, siendo las tasas de este tipo más altas de toda la UE. Desde el partido Fidesz todavía no dan por segura su victoria y el tercer mandato de Viktor Orban, ateniéndose al posible efecto negativo de las acusaciones de corrupción y autoritarismo que pesan en su contra y también por la experiencia de 2002, cuando perdieron las elecciones a pesar de que los indicadores económicos mostraban datos muy positivos.