El Ministerio de Hacienda del país africano interpuso una queja ante la corte judicial de Chad alegando que un consorcio liderado por Exxon no había cumplido con el pago al Gobierno. La multa, que suma 74.000 millones de euros, va acompañada de la exigencia de pagar 819 millones de dólares añadidos por el pago de royalties atrasados. Según informa Bloomberg, el Gobierno de Chad habría justificado esta cuantía alegando que es acorde con el código de aduanas de la Comunidad Económica y Monetaria de los Estados de África Central, de la que Chad forma parte. Sin embargo, la multa multiplica casi por seis el PIB del país y deja muy atrás el monto de otras multas a petroleras por casos que podrían tildarse de más graves. Exxon ha apelado el fallo emitido por la Corte Suprema, pero la audiencia de la corte de apelaciones se ha pospuesto por las negociaciones entre la petrolera y el Gobierno. La multa por este supuesto impago de royalties es ampliamente superior a los 61.600 millones de dólares que tuvo que pagar BP por el desastre de Deepwater Horizon en el Golfo de México, que se cobró la vida de 11 trabajadores y contaminó la región durante meses. Y, por hacer otra comparación, es más de 70 veces superior a los 977,5 millones que ya pagó Exxon a las víctimas del derrame de petróleo de su barco Valdez en 1989 en Alaska. La cuantía en disputa El director general de asuntos legales del Gobierno de Chad, Fang Langou Operal, defendía que el código del país con Exxon establece que “en caso de comportamiento fraudulento, como es el caso, la multa debe ser el doble del valor del objeto del fraude”. Para Chad, el consorcio liderado por Exxon debía pagar el 2% en royalties sobre las exportaciones de crudo; Exxon defiende que suscribió un convenio con el Gobierno en 2009 que estableció dicha cuantía en el 0,2%. «Ese convenio no fue ratificado por el Parlamento y nunca fue suscrito por el jefe de estado», opina Operal sobre la defensa de Exxon. Chad lidia ahora con una importante caída en sus ingresos petroleros tras la bajada en los precios del crudo, su principal fuente de ingresos. El Gobierno lleva desde entonces implantando medidas de austeridad que han desencadenado jornadas de protesta y huelgas entre distintos sectores, como el judicial o el de salud.
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