Los efectos de la reforma laboral llevaba a cabo por el Partido Popular en 2012 fue el tema del debate organizado por el IESE, con la presencia de Ramón Górriz, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), y Sandalio Gómez, profesor del IESE. El punto de vista de los interlocutores sociales es radicalmente distinto al del economista, situando la reforma legislativa como un paso hacia el buen camino o el “mayor ataque a los derechos laborales de la democracia”. Según el representante de CCOO, el cambio en la regulación ha provocado la devaluación de los salarios y el empobrecimiento de los trabajadores. Las cifras de creación de empleo contrastan con los datos que maneja el sindicato: desde 2011, se trabaja hasta 22 millones de horas menos, por la conversión de contratos de jornada completa a varios de jornada parcial, lo que traduce en unos 600.000 puestos de trabajo menos. En la misma línea, Górriz criticó las políticas de austeridad impuestas por la Unión Europea que según él tienen como objetivos “el debilitamiento de la negociación colectiva, de los sindicatos y el trasvase de las rentas del trabajo al capital”. Los representantes de los trabajadores reivindican mirar más allá de los datos macroeconómicos de crecimiento, ya que la caída de la inversión y los sectores en los que crece la afiliación no son los industriales o de alto valor tecnológico, por lo que proponen como solución un cambio en el modelo productivo. “Si el salario es indecente, los ingresos en la Seguridad Social serán indecentes. El poder más disolvente de la democracia es la precariedad, la pobreza y el paro. El balance es que se han destruido los contratos fijos y se ha modificado la distribución de rentas “, señaló en su intervención. Según el sindicato, se necesitarán más de cinco años para recuperar las tasas de paro anteriores a la crisis, ya que seguimos siendo los segundos de Europa en tasa de desempleo y los terceros en términos de desigualdad. La conclusión del líder sindical es que el Gobierno español aboga por un “modelo low cost en todas las situaciones”. Por su parte, el profesor Gómez argumentó que no todos los efectos de la crisis pueden achacarse a la reforma laboral. El cambio legislativo trata de solucionar los principales problemas del mercado laboral español, como son las altas tasas de temporalidad (26%, la segunda en la Unión Europea tras Polonia) o la falta de flexibilidad en los despidos, aunque deben implementarse nuevas mejoras. España debe tener como referentes a los países del norte de Europa, con tasas de paro inferiores al 5%, que implementan modelos como la famosa “mochila austriaca” (complemento de los empresarios al sistema público de pensiones), la regulación holandesa del contrato a tiempo parcial (concentra hasta el 50% de los empleos en el país) o la “flexiseguridad” de Dinamarca (compagina la flexibilidad de la empresa a la hora de despedir con la protección económica y social para reincorporar a los trabajadores al mercado). Según el experto, todavía quedan pendientes una mayor flexibilización para las empresas en defensa de su competitividad, sobre todo en relación a los costes del despido, una mayor seguridad para el trabajador en los momentos difíciles y una mejora de las políticas activas de empleo y de formación que ayuden a la rápida reincorporación del trabajador al mercado. “Todos los datos económicos son positivos y el empleo de calidad es una consecuencia de que la economía crezca. Si eso se da, y las empresas empiezan a ganar dinero, por justicia tienen que dejar participar a los trabajadores de estos avances”, explicó en el debate. Como soluciones propone establecer un verdadero diálogo entre los interlocutores sociales (patronal, sindicatos y Gobierno), la disminución del despido por motivos objetivos no imputables al trabajador, incentivar el trabajo a tiempo parcial indefinido, rescatar el empleo juvenil y fomentar políticas activas eficaces en la materia. “Se ha demonizado a la reforma laboral, pero lo que deberíamos es aprovechar los vientos de cola para que el crecimiento económico se traduzca en empleo”, concluía el representante del IESE. El último informe de Fedea sobre los efectos de la reforma laboral refleja que, desde su aplicación en 2012, la transición desde el desempleo al empleo parece haberse empezado a recuperar tanto para la contratación indefinida como, sobre todo, para la temporal. En los primeros 12 meses tras la aprobación de la reforma, la afiliación a la Seguridad Social siguió descendiendo y acumuló una caída de más de 700.000 afiliados. Sin embargo, desde febrero de 2013 y hasta finales de 2015 consiguió recuperar algo más de 1.1 millones de afiliados, siendo el saldo neto de esos cuatro años positivo: casi 400.000 afiliados a la Seguridad Social más que en febrero de 2012. Asimismo, parece que el riesgo de despido de ambos tipos de contrato se ha visto algo reducido desde el año 2012, sobre todo, en este caso para los empleados con contrato indefinido. 
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