Algo menos de dos semanas nos separan de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y las tensiones parecen haberse calmado respecto al resultado, ante la ligera ventaja de la representante demócrata, Hillary Clinton, frente al controvertido republicano, Donald Trump. Más allá de sus enfrentamientos dialécticos y de la postura anti-inmigración del segundo, poco se sabe de […]
Dirigentes Digital
| 25 oct 2016
Algo menos de dos semanas nos separan de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y las tensiones parecen haberse calmado respecto al resultado, ante la ligera ventaja de la representante demócrata, Hillary Clinton, frente al controvertido republicano, Donald Trump. Más allá de sus enfrentamientos dialécticos y de la postura anti-inmigración del segundo, poco se sabe de las políticas que planean implementar, y el mercado teme las promesas en cuestión fiscal por su impacto en el déficit del país… La ex-primera dama lleva en su programa algunos aumentos moderados del gasto público en cuestiones sociales, como educación o sanidad; también ha prometido algún tipo de recorte de los impuestos a la clase media; e inversiones por importe de 275.000 millones de dólares en infraestructuras. Mientras que Trump ha hablado de ingentes reducciones impositivas para la próxima década (como una rebaja del impuesto de sociedades del 35% al 15%) y de que duplicará la cifra de gasto en infraestructuras planteada por Clinton. Sí, hay un abismo entre ambos pero, Capital Economics, nos recuerda que “el candidato que se imponga en los comicios deberá presentar sus planes fiscales ante el Congreso y éste aprobarlos”. Y, explican, aunque esto no significa que no vayan a ser capaces de implementarlos, supone que “no hay garantía ninguna de que lo vayan a conseguir”. Es más, recuerda, aunque el déficit federal se ha reducido significativamente en los últimos años, aún está cerca del 3% del PIB. En este contexto, “la idea de que la Cámara vaya a dar ‘luz verde’ a cualquiera de las cifras de Trump es absurda”. Así, concluyen: “La política fiscal parece que seguirá siendo neutral en términos generales para el crecimiento del PIB durante los próximos dos o tres años”, pues, además, cualquier expansión fiscal a nivel federal podría ser compensada por recortes por parte de los gobiernos de los Estados o locales. Por su parte, Kristina Hooper, head of US capital markets research & strategy de Allianz Global Investors, coincide al señalar que cualquier propuesta “debe ser aprobada por el Congreso”. Y, reitera: “Hace falta tiempo para que el gasto en infraestructuras tenga un impacto económico real”. Recordemos que antes del verano desde S&P Global Market Intelligence Equity Research ya apuntaban que, salga quien salga elegido, no tendrá el apoyo necesario para poner en práctica la totalidad de sus ideas y programas. Con todo, sobre la base de las mismas elaboraban un estudio en el que señalan cuáles sectores se verán mas afectados por ellos y por qué. La industria de consumo se verá impactada por la legislación sobre el salario mínimo; productos básicos por la de inmigración; energía por el apoyo a las renovables; finanzas por la regulación Dodd-Frank; salud por la Affordable Care Act; manufacturas por los gastos en defensa; tecnología de la información por los ingresos e impuestos a extranjeros; materiales por la relaciones comerciales entre China y Estados Unidos y el acero; telecomunicaciones por la ‘neutralidad’ de la Red; y utilities por la cuestión del carbón.
