Desde su aparición a finales de la década pasada hasta las espectaculares fluctuaciones que han vivido en los últimos meses, las criptomonedas han acaparado mucha atención en los mercados debido a su elevada volatilidad y al terreno arriesgado y desregulado en el que se mueven sus operaciones. Sin embargo, la «ley del Oeste» que impera en el sector de las divisas virtuales, según critican varios organismos internacionales, podría tener los días contados. Su uso para actividades de especulación, estafas millonarias y blanqueo de capitales ha levantado las alarmas en las principales instancias económicas mundiales. De este modo, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE), la Reserva Federal de EEUU (Fed), el Parlamento mexicano e incluso el Banco Popular de China (PBOC) han pasado de las advertencias sobre sus riesgos a elaborar proyectos para su, al parecer, inexorable regulación. Todo ello, siguiendo la pauta que marcan las declaraciones de la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, que ha recalcado que la creación de una normativa sobre criptodivisas es «cuestión de tiempo». Desde la red de despachos de abogados Bonatti Penal & Compliance coinciden con esta opinión y, en palabras de su socio director, Francisco Bonatti, califican de «necesaria» la creación de normativas que recojan esta «nueva realidad». Bonatti señala que “nos encontramos en un momento crucial«, ya que ningún país cuenta a día de hoy con una legislación que regule este ámbito. Sin embargo, da por asegurado que esta situación se revertirá pronto, apuntando que «en todos los países suenan tambores de guerra y se prevé que los Gobiernos y organismos internacionales empiecen a promover mecanismos para lograr un mayor control de éstas». Entre las motivaciones principales de los Estados y organismos para regular las criptodivisas, Francisco Bonatti alude a la necesidad de «crear una normativa para realizar las transacciones de las criptomonedas, ya que a través de ellas se pueden llevar a cabo acciones ilegales». A pesar de ello, el socio director de Bonatti Penal & Compliance destaca que no todo es negativo en lo que respecta a estas divisas. «Lo cierto es que las criptomonedas entrañan amenazas, pero también grandes oportunidades para los usuarios, especialmente en las operaciones realizadas digitalmente, al tratarse de un instrumento tecnológicamente muy confiable, que garantiza la autenticidad de las transacciones«, asegura. Por ello, Bonatti señala al «enorme panorama que se abre tras blockchain y las criptomonedas” y apunta al esfuerzo regulador que se está empezando a concretar en todos los entornos, afirmando que «España y Europa están haciendo los deberes». Respecto a nuestro país, Bonatti destaca que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España (BdE) están siguiendo la pauta de la Comisión del Bolsa y Valores de EEUU, de la Fed y de los reguladores chinos. Además, en China la normativa tiene un componente diferencial, ya que este país aglutina la mayoría de la producción de criptomonedas desde granjas de «minado» que generan un elevado consumo energético. A nivel europeo, la red de despachos de abogados alaba la quinta directiva comunitaria contra el blanqueo y la financiación del terrorismo, aprobada por la Eurocámara recientemente y que busca «evitar el uso del sistema financiero de la UE para la financiación de actividades delictivas y reforzar la transparencia evitando así que se oculten fondos a gran escala«. A pesar de que esta normativa está todavía pendiente de ratificación por parte de la Comisión Europea, el Eurogrupo y el Ecofin, cuando este visto bueno se produzca los Estados miembros tendrán 18 meses para adaptar su legislación nacional a las nuevas normas comunitarias sobre criptomonedas. El socio de Bonatti Compliance Joaquín Mena destaca que esta directiva comunitaria «pone el foco en la identificación de las personas que intervienen en la transacción mediante criptomonedas, eliminando el anonimato, que es el aspecto más preocupante desde la perspectiva del blanqueo de capitales», aunque, dado que el blockchain garantiza esa confidencialidad, la identificación correrá a cargo de los responsables de las criptomonedas. Desde Bonatti, recalcan que España tendría que legislar los aspectos relacionados con el ámbito fiscal y la tributación, apuntando que «los primeros pasos que ha dado nuestro país en esta materia ha sido el Plan Anual de Control Tributario de 2018, que se contempla como una de las líneas de actuación de la Administración Tributaria en el estudio de la incidencia fiscal de nuevas tecnologías, como blockchain». “La respuesta en España está en la línea media de los países de nuestro entorno, y necesita profundizar en la reflexión y regulación entorno a las criptodivisas y su uso por los mercados. Por otra parte, sería deseable que dicha respuesta se formulara desde el ámbito comunitario, e incluso a un nivel más supranacional, atendiendo a las características universales del tema que estamos tratando”, advierte Sandra Berja, socia Gerente de Bonatti Penal & Compliance. Todo ello, para poner coto y un marco legal a un mercado creciente, en el que, a pesar de que Bitcoin, Etherum, Bitcoin cash y Ripple suponen un 80% del mercado, ya existen más de 1.300 criptodivisas que aglutinan 310.000 millones de dólares. Una nueva regulación podría limitar su crecimiento, pero sin duda ayudaría a estabilizar su actividad y reducir las reticencias de gran parte de los inversores.
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