Un modelo sostenible para Europa

Con mayor frecuencia, la UE muestra su liderazgo global hacia una economía más sostenible en un proceso que exigirá a empresas y consumidores un cambio profundo en sus patrones de producción y consumo. Las emisiones del transporte en carretera de gases con efecto invernadero han aumentado un 20% en los últimos 25 años. Este medio emite tres cuartas partes del total de CO2 originado por el transporte en la UE.

En todo el planeta llegan al mar anualmente 27.000 toneladas de envases o de plásticos de un solo uso. Lentamente, desde que en 2015 puso en marcha por primera vez un paquete de medidas sobre la economía circular, la UE parece comprender la magnitud del problema medioambiental que afronta, su coste y también las oportunidades para nuevos sectores empresariales y profesiones.

EL DOPAJE SOSTENIBLE A LA ECONOMÍA

El reciclaje de residuos ya no es un fin, tampoco la utilización de energías renovables. El planeta, o al menos la UE, salta hacia la sostenibilidad 2.0 según el modelo de economía circular, con las renovables como un instrumento más igual que el reciclaje masivo, la reutilización de productos en la industria o en el consumo final y el almacenaje y ahorro energético. No basta sólo con producir energía limpia y abandonar los hidrocarburos, hace falta acumularla ante necesidades futuras.

La Comisión Europea estima a esta economía circular unos beneficios transversales muy grandes, un modelo “más inteligente y sostenible que el coge, fabrica y tira” actual, explican en Bruselas. En la economía circular, cuando un producto ha llegado al final de su vida útil, se transforma y reutiliza en otros sectores repetidamente para seguir aportando valor.

Entre los beneficios económicos, según estimaciones comunitarias, un ahorro total de 600.000 millones de euros para las empresas europeas, el equivalente al 8% de sus ingresos anuales; los laborales, en torno a 170.000 empleos directos para 2035 en toda la UE y la posibilidad de sumar 400.000 más por vías indirectas; los sociales permitirían a las familias ahorrar 450 euros al año en su factura energética; los medioambientales pasan por reducir 450 millones de toneladas de CO2 para 2030.

La guerra europea para reducir drásticamente los plásticos es uno de los baluartes de esta economía circular. Empezó a principios de la década con pequeñas propuestas legislativas desde Bruselas, deslucidas porque la crisis económica existencial de la zona euro era la prioridad. A partir de 2015 esta estrategia ganó impulso y la Comisión Europea habla de una economía circular con normas contra las bolsas de plástico para obligar a los países a asumir objetivos de reducción o a que los comercios cobren por las pequeñas, las más usadas.

España ha introducido en primavera esta regulación y los comercios no pueden regalarlas. Hasta ahora, cada español consume al año 144 bolsas de plástico y el 90% solo se usan una vez, entre 12 y 25 minutos, para luego ser tiradas. La segunda etapa es la reciente prohibición contra 10 productos con plástico de un solo uso. Los fabricantes tendrán que buscar materiales más sostenibles o desechables para bastoncillos, cubiertos o pajitas, las tapas y tapones irán adheridos al resto del envase y los países de la UE tendrán que introducir normas, como las recientes sobre las bolsas, para conseguir “una reducción significativa del consumo nacional” de vasos o botellas de plástico. La lista afecta a un total de diez productos que representan el 43% de la basura marina.

LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA SE ACELERA

Europa es consciente de la carrera contrarreloj que afronta para luchar contra el cambio climático. “Este acuerdo es una victoria duramente ganada en nuestro esfuerzo por desbloquear el verdadero potencial de la transición hacia la energía limpia”, dijo con satisfacción el Comisario de Acción Climática, Miguel Arias Cañete, sobre el pacto a todos los niveles de la UE –Comisión, Parlamento Europeo,Estados Miembros- para que las renovables aporten un 32% de la energía europea en 2030.

El objetivo es mayor que las pretensiones iniciales de los gobiernos para cumplir con el Acuerdo de París y se acerca más a las exigencias del Parlamento Europeo. La nueva ambición renovable se traduce en que para 2023 se revisará al alza su uso si ese año la UE está lejos de reducir sus niveles de emisión de CO2 o si las tecnologías verdes son tan baratas que favorecen la transición energética.

Para la Fundación Heinrich Böll, think tank alemán, el objetivo, sin embargo, es “mucho más bajo” de lo necesario para cumplir con el acuerdo contra el cambio climático. La directora de su programa sobre clima y energía, Radostina Primova, pide que la UE aumente hasta el 45% su producción de energía renovable para 2030 y que la eficiencia energética llegue al 40%.

La ambición de Primova va más allá y apuesta porque en 2050 el 100% de la energía sea verde gracias a la inversión en sistemas de almacenaje y la creciente evolución de las tecnologías. También desde la red Friends of the Earth Europe, que aglutina a 30 organizaciones en todo el continente y miles de activistas medioambientales.

El acuerdo sobre las renovables es “insignificante e inadecuado para un futuro seguro sin fósiles”, según Molly Walsh, su responsable sobre estas energías para Europa. Las críticas, de nuevo, se centran en la escasa visión de los dirigentes políticos para comprender el “panorama energético cambiante, que incluye los costes de renovables en rápido descenso”, según Walsh.

Entre los aspectos positivos de las nuevas normas sobre energía renovable está la prohibición de aplicar el impuesto al sol a las pequeñas instalaciones, como las de los hogares. Desde la Fundación Heinrich Böll piden “proteger mediante la legislación” a los ciudadanos europeos como impulsores de la transición energética. “No puedes tener las mismas reglas de mercado para los ciudadanos y los productores a pequeña escala que para las grandes empresas de energía”, explica Radostina Primova.

Países como Dinamarca o Grecia lideran este impulso al pequeño consumidor, para que sea autosuficiente y ‘coloque’ energía verde en el mercado. Desde 2009, la Ley de Energías Renovables de Dinamarca exige que al menos un 20% de la propiedad de los proyectos energéticos sea propiedad de los ciudadanos locales. En Grecia, el actual gobierno de Alexis Tsipras introdujo el año pasado una nueva ley para incentivar la producción, distribución y oferta de energía desde comunidades locales. Ayuntamientos como el de Atenas, Salónica, segunda ciudad helena, o el de Larissa, en el centro del país, desarrollan sus propios planes de autosuficiencia energética gracias a esta cobertura legal.