Una de las prioridades del Ejecutivo a la hora de incrementar la recaudación y ajustar las cuentas públicas es la lucha contra el fraude fiscal. Sin embargo, desde la sonada amnistía de 2012, las denuncias de la Agencia Tributaria (AEAT) por delito contra la Hacienda Pública se han desplomado un 52%, pasando de las 652 a las 341 de 2015, último dato registrado en las memorias. La aplicación del modelo 750 y el hecho de que aproximadamente 30.000 personas se acogieran a la Declaración Tributaria Especial (DTE) en relación al IRPF, al Impuesto sobre Sociedades y al Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) tiene mucho que ver. Esta «regularización voluntaria» eximía a los declarantes de posibles sanciones, intereses y recargos si ponían al día sus obligaciones fiscales pasadas. El Real Decreto Ley hacía referencia a los bienes y derechos adquiridos antes del 31 de diciembre de 2010 cuya existencia no hubiera sido contemplada en declaraciones anteriores, los cuales se gravarían en el documento complementario a un 10% sobre el valor de adquisición. Sin embargo, Ciudadanos fue el primero en señalar ante el Parlamento que los beneficiarios sólo pagaron un gravamen medio del 3%, lo que dio pie a una proposición no de ley en el Congreso instando al Ejecutivo a recuperar unos 2.800 millones de la regularización. En consecuencia, la AEAT envió en noviembre una carta a los afectados recordando que las investigaciones abiertas a raíz de la amnistía no prescriben. Desde la Agencia Tributaria alegan que la caída se debe al tiempo que llevan estas inspecciones, ya que muchas de las denuncias presentadas en 2015 corresponden a actuaciones de ejercicios anteriores que coinciden con los peores años de la crisis, donde la actividad económica era menor y se redujeron las bases imponibles, y en consecuencia el volumen de las defraudaciones. Además señalan que el 68% de las resoluciones y sentencias judiciales se saldaron acorde a las tesis del organismo público. Por otro lado, el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) atribuye el desplome a que la AEAT prioriza otras áreas frente a la inspección. «Aumenta el control extensivo que se centra en comprobaciones que afectan principalmente a pymes y autónomos y donde sólo se realizan verificaciones sobre datos declarados, pero no inspecciones», explica el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, quien pide una mayor dotación de personal para el área de inspección. La organización destacó recientemente que los resultados logrados por Hacienda en la lucha contra el fraude fiscal apenas representaron el 8,47% de la evasión total estimada entre 2012 y 2015. Incluso en el último año registrado, cuando la AEAT alcanzó un récord en sus resultados de prevención y control del fraude tributario, el 90,35% de la evasión fiscal no fue detectada, según los cálculos de Gestha. A pesar de que en 2015 se investigó a más contribuyentes que en 2010, se descubrió una deuda defraudada menor, lo que redujo la cantidad media descubierta de impuestos defraudados por contribuyente de los 250.888 euros de 2010 a los 243.526 euros de media en 2015. Además, la evolución que ha seguido la deuda liquidada media en 2012, 2013 y 2014 refleja según el sindicato que la Agencia Tributaria centró la investigación en los contribuyentes de escasos recursos (pymes, autónomos y trabajadores), a los que se descubre un menor importe defraudado; mientras que la investigación sobre los grandes patrimonios y corporaciones (suponen el 70% del fraude fiscal en España) ha decaído. 
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