CEOE y CEPYME reclaman al Ministerio de Trabajo que la formación obligatoria para las empresas siga siendo bonificable

CEOE y CEPYME, tras el visto bueno de sus respectivos órganos de gobierno, han acordado reclamar al Ministerio de Trabajo y Economía Social el mantenimiento del sistema de bonificaciones a la formación obligatoria, sistema que se ha venido aplicando en nuestro país a las empresas que deben hacer este tipo de formación por mandato normativo o de convenio colectivo y que puede ser tanto transversal (por ejemplo, prevención de riesgos laborales) como sectorial (por ejemplo, manipulación de alimentos).

La bonificación de la formación obligatoria para las empresas se ha venido admitiendo por el Ministerio de Trabajo, el SEPE, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) y el Tribunal Supremo (Sala de lo Social), desde que este sistema de ayudas fue implantado en 2004, por entender que estas ayudas estaban plenamente incluidas en el sistema de formación para el empleo y reconocidas como tales en los informes jurídicos del Ministerio y de la Fundación.

Este cambio de criterio, en algunos casos, se pretende aplicar con efecto retroactivo y exigencia, incluso, de intereses y sanciones, lo que afecta gravemente a la seguridad jurídica de las empresas, en especial de las PYMES y aquellas de menor tamaño.

CEOE y CEPYME consideran sorprendente que estas actuaciones se realicen, precisamente, en el Año Europeo de las Competencias y cuando nuestro país ostenta la Presidencia del Consejo de la UE.

Las organizaciones empresariales reclaman, por tanto, la adopción de las medidas normativas y administrativas urgentes que corrijan esta situación y restablezcan la seguridad jurídica de las empresas.

CEOE y CEPYME recuerdan que, de los 2.556 millones de euros que se recaudaron en 2022 como cuota finalista de formación, el 85% fue aportado por las empresas y el 15% restante, por los trabajadores.

Asimismo, y dado que cada vez existe más formación obligatoria por ley o por convenio, CEOE y CEPYME se preguntan qué sentido tendría mantener la obligación para las empresas de pagar una cuota que cada vez les sirve para financiar menos formación.