La burocracia es el segundo obstáculo para la actividad empresarial en España

España ha caído al puesto 113 de 138 países en el ámbito regulatorio debido a las numerosas cargas administrativas que recaen sobre las empresas, según The Global Competitiveness Report 2016-2017, elaborado por el World Economic Forum. El exceso de regulación afecta directamente a la competitividad de las compañías del país y se ha convertido en el segundo obstáculo para la actividad empresarial.Por delante de esta barrera, las empresas señalan como primer obstáculo los tipos impositivos que gravan la actividad. Las numerosas cargas administrativas tienen una consecuencia directa en la competitividad empresarial, siendo un obstáculo que limita la posibilidad de construir un tejido empresarial de mayor tamaño y, por tanto, más competitivo. La burocracia es un problema que afecta al país en su conjunto, no solo al sector privado. De hecho, el Estado dedica más dinero a financiar el gasto corriente que a la inversión. En términos absolutos, España dedica a gastos corrientes 8.165 millones de euros para la burocracia del día a día y, en cambio, para las inversiones reales un total de 7.636 millones.Con el fin de acabar con esta situación, CEOE y Cepyme colaboran con las Administraciones públicas en la labor de identificar las cargas que lastran la actividad de las empresas. Por ello, han llevado a cabo una serie de convenios desde el año 2009 y han presentado casi 400 propuestas con el fin de acabar con este problema.Según los empresarios, estos convenios constituyen una herramienta para intercambiar experiencias y puntos de vista y permiten obtener información de primera mano de los empresarios españoles. En esta labor también participa la Red Empresarial de Cargas Adminitrativas (REDCA), como representantes de las organizaciones empresariales territoriales y sectoriales para hablar de la problemática administrativa a la que deben hacer frente las empresas. En definitiva, estos convenios persiguen identificar numerosos casos en los que las empresas son obligadas a cumplir requisitos derivados de los tres niveles administrativos, identificar si los mismos son incompatibles entre sí y proponer su simplificación o eliminación. ¿Cómo se lleva a cabo la lucha contra la burocracia?La última baza para acabar con el exceso de regulación empresarial es el Convenio 2018. Este documento se centra en el ‘Estudio de los efectos de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en las distintas administraciones, y las repercusiones de la nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público’. Como conclusiones, los empresarios destacan que la entrada en vigor de esta norma ha provocado que se incrementen la cargas administrativas que soportan las empresas y han animado a simplificarlas. Por ejemplo:

La obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración impone a las empresas la necesidad de consultar diariamente varias webs con el objeto de conocer si son destinatarios de alguna diligencia. A pesar de que la Ley prevé la notificación llegue al correo electrónico de la empresa, tal previsión no tiene carácter obligatorio, por lo que, en muchos casos, finalmente no se realiza. El hecho de dotar de carácter obligatorio a la notificación electrónica podría ahorrar unos 1.100 millones de euros.

Una alternativa sería proceder a la remisión de notificaciones electrónicas de forma centralizada, sirviéndose para ello del Punto de Acceso General electrónico de la Administración, evitando así que el empresario deba consultar las webs. La adopción de tal medida ofrecería un ahorro de 260 millones de euros.

En este mismo ámbito, la nueva Ley tampoco prevé la creación de días no hábiles para realizar notificaciones, coincidentes habitualmente con el periodo vacacional. La introducción de tal medida arrojaría un ahorro de más de 120 millones de euros.

Por otra parte, el Convenio 2018 analiza los efectos de la Ley de Contratos del Sector Público y los cambios que se introducirán en el mercado interior como consecuencia de la aplicación de la Sentencia del Tribunal Constitucional con respecto a la garantía de la Unidad de Mercado.