Desde música hasta obras de arte, pasando por productos cosméticos. La piratería y falsificación supone una gran amenaza para numerosas actividades económicas, tanto a nivel nacional como internacional. “La venta ilegal de productos falsificados es un problema con múltiples aristas”, ha comentado la ministra de Industria, Reyes Maroto, en la presentación de un informe elaborado […]
NacionalDirigentes Digital
| 17 dic 2018
Desde música hasta obras de arte, pasando por productos cosméticos. La piratería y falsificación supone una gran amenaza para numerosas actividades económicas, tanto a nivel nacional como internacional. “La venta ilegal de productos falsificados es un problema con múltiples aristas”, ha comentado la ministra de Industria, Reyes Maroto, en la presentación de un informe elaborado por el Gobierno junto a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
Y es que este fenómeno destruye casi 70.000 puestos de trabajo en nuestro país, desincentiva las inversiones y daña “los derechos legítimos de las empresas y profesionales del comercio, esenciales para el crecimiento y el desarrollo económico”, ha asegurado Maroto.
Este es un problema que afecta a una gran parte de la economía en nuestro país: los sectores que trabajan con marcas, patentes y derechos de propiedad industrial suponen un 42% del conjunto del PIB nacional, el 86% de las importaciones y más del 90% de las exportaciones españolas. Así, el sector textil es el mayor afectado, con un 8,2% del total. Le sigue el farmacéutico (7,6%), los productos de cosmética (16,2%), las bebidas (11,1%) y los smartphones (10%).
Pero la falsificación de patentes y marcas no sólo genera trabas económicas, sino que también afecta a variables como la salud, la seguridad y los derechos de los consumidores. Además, es una actividad ilegal a la vista de todos, afectando a la reputación e imagen de España. La innovación también se ve mermada por este escenario.
Desde la OEPM hacen hincapié en que “las campañas contra las falsificaciones no van en contra de personas, sino de actividades ilegales que vulneran los derechos de propiedad intelectual”. Por su parte, Concepción Díaz, directora general de Comercio, ve necesaria las “actuaciones policiales y la colaboración ciudadana”. Y a esta última variable también se suma Alejandro Perales del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), que asegura que “las falsificaciones no tendrían éxito sin la participación consciente de los ciudadanos que las compran”.
A nivel europeo, la piratería y la falsificación internacional suponen el 2,5% del total del comercio global, llegando casi a los 338.000 millones de euros, según un informe realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).