El caso ADIF: ¿Hacia dónde va?

Un escándalo sacudió el mundo empresarial en España hace menos de dos semanas, tras conocerse que la alemana Siemens y la francesa Alstom, junto con otras muchas empresas españolas, habían sido sancionadas por haber formado carteles que duraron hasta 14 años en varios contratos para la entidad pública española encargada de la administración de las infraestructuras ferroviarias (Adif). La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó a un total de 15 empresas, entre ellas Elecnor, Indra, Isolux, Telice, Comsa, Neopul (Sacyr), Eym (OHL), Inabensa (Abengoa), Citrac y las filiales de ACS Cobra, Semi, Cymi y Electren. El regulador también impuso a 14 directivos de las empresas implicadas multas de entre 23.700 y 59.800 euros.

Se trataba de contratos de licitaciones entre 2002 y 2016 relacionadas con sistemas de electrificación para las líneas de tren convencional y de alta velocidad ferroviaria (AVE), así como de electromecánica para el tren de alta velocidad, todos ellos por un valor conjunto de más de 1.000 millones de euros.

Sin embargo esta vez no ha sido sólo una sanción monetaria, que asciende a un total de 118 millones de euros para el conjunto de las empresas, un cifra poco relevante considerando el daño ocasionado a la competencia y al sistema jurídico durante tanto tiempo. El regulador ha activado por primera vez un procedimiento para prohibir la contratación con la Administración, en virtud de la última ley de contratación pública de 2017, que podría suponer la pérdida de muchos millones de euros para dichas empresas.

Los expertos consultados por DIRIGENTES consideran que, de llevarse a cabo tal prohibición, demostraría que España actúa con rigor en su lucha contra este tipo de prácticas. “La CNMC ha venido realizando un trabajo en general muy positivo en la lucha contra los carteles e incluso en la promoción del ejercicio de acciones de daños de los perjudicados. Sin embargo, es cierto que las sanciones públicas han sido hasta ahora monetarias. Y está siempre sobre la mesa la discusión de hasta qué punto solo con multas dinerarias se alcanza realmente el efecto disuasorio, que evite que las empresas no incurran de nuevo en estos actos ilícitos; porque, en muchos casos, sigue resultando rentable infringir el derecho de la competencia, pagando esa multa”, dice el catedrático de Derecho Procesal y experto en carteles Pablo Gutiérrez de Cabiedes, de la Universidad San Pablo CEU en Madrid.

¿Es probable que se les prohíba el negocio con la administración pública?

La CNMC dice oficialmente a DIRIGENTES sobre la efectividad de esta resolución: “Nosotros hemos remitido a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado nuestra Resolución y esa decisión les corresponde a ellos, y no a nosotros”. Varios expertos legales consultados dudan de que España finalmente dé este importante paso en materia de lucha contra los carteles. “La prohibición de acceso para estas empresas a la contratación con la Administración pública sería algo novedoso, incluso a nivel mundial. Pero debe analizarse si eso puede a su vez plantear ciertos problemas de operatividad en ese mercado, teniendo en cuenta que están afectadas muchas empresas que son proveedoras muy importantes para el sector ferroviario. Mayor eficacia – sin esos efectos operativos- puede tener plantearse las sanciones personales, condenando a las personas –directivos- responsables de esos actos”, añade Gutiérrez de Cabiedes.

Adif también anuncia consecuencias

Por lo que respecta a la prohibición de contratar, la Resolución de la CNMC no determina el alcance ni la duración de la prohibición de contratar de las empresas sancionadas, por lo que habrá que esperar al procedimiento que instruya la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y a la correspondiente resolución del Ministerio de Hacienda. Con las elecciones del próximo 28 de abril a la vuelta de la esquina, es muy poco probable que se vaya a tomar una decisión de tanto impacto económico a corto plazo. Adif por su parte ha dicho que encargará un estudio para determinar los daños que estas conductas hayan podido ocasionar y, una vez finalizado, adoptará acciones legales contra las empresas infractoras para su resarcimiento. Por el momento, se limita a incluir en sus pliegos de contratación una cláusula contra este tipo de fraudes, que incluirá penalizaciones de hasta el 50% del importe del contrato, e incluso su resolución. Por el momento es “Business as usual”. Siemens e Indra ya han conseguido otros contratos con Adif. La empresa alemana se limita a esta declaración: “Siemens muestra tolerancia cero hacia la corrupción, la violación de los principios de una competencia justa, así como otros incumplimientos de la ley”.