¿Actúan las Administraciones Públicas con la suficiente previsión?

El hecho de que el Gobierno modificara la semana pasada sus previsiones no tendría por qué ser problemático si la proyección proviniera de una institución cualquiera. El Banco de España, el FMI o la Comisión Europea preparan unas previsiones que pueden cumplirse o no, pero que sirven como referencia, aunque la realidad confirme al cabo de los meses que no se acercaban demasiado.

En el caso del Gobierno, la cuestión radica en que los Presupuestos Generales del Estado, el dinero que se va a gastar e ingresar durante un año, toma como referencia esa previsión. Es decir, si se estiman unos ingresos basándose en una evolución económica determinada, dicha estimación no vale si la evolución cambia. De ese modo, si el diagnóstico inicial es errado, también puede serlo la hoja de ruta para ese año. Por eso, la AIReF ha puesto las pilas a las Administraciones Públicas tras someter a examen la transparencia en materia fiscal.

En general, fuentes de la institución afirman que España está en una situación “bastante comparable a la de los países de nuestro entorno”. Y añaden que es “ligeramente peor”, sobre todo en lo que atañe al análisis y gestión de riesgos fiscales, englobados dentro de lo que la AIReF llama Pilar III. En ese punto, cabe señalar que esta organización evalúa la transparencia y las prácticas en ese sentido, no tanto su acierto. No obstante, afea a las administraciones que tienen “un margen de mejora notable”, sobre todo en el ya mencionado Pilar III.

El Pilar II da cabida a las previsiones en sí y a los procesos presupuestarios. La fragmentación política de los últimos años, así como la pandemia de este año ha entorpecido la presentación de los Presupuestos cuando está establecido por ley: antes del 30 de septiembre. La AIReF no parece particularmente preocupada por esto, pero sí llama la atención sobre la fragmentación del proceso presupuestario y sobre la conciliación de las previsiones.

En otras palabras, en España se toman tres referencias principales en este aspecto que, por otra parte, son independientes: el Programa de Estabilidad, el Plan Presupuestario y los Presupuestos de cada administración. La AIReF dice que se necesita integrar estos tres elementos para afinar aún más la elaboración de los propios presupuestos.

En lo que corresponde al último pilar, el análisis y gestión de los riesgos fiscales, desde la AIReF reiteran que “se puede mejorar”. La institución echa en falta “un análisis más exhaustivo de los riesgos que pueden afectar a las finanzas públicas y el diseño de estrategias de gestión de los mismos”. En esa misma línea, desde la Administración qué influencia puede tener el escenario macroeconómico en las cuentas públicas y en la deuda.

Esta es la principal recomendación de la AIReF: realizar un análisis de riesgos que puedan afectar a las proyecciones fiscales. En ese sentido, corresponde hacer notar que ni los ingresos ni los gastos ni la deuda evolucionan igual con pandemia que sin ella, por ejemplo. Precisamente, se alude a que este informe “debe incluir información relativa a los riesgos derivados del sector financiero, del endeudamiento de las empresas públicas, de los desastres naturales (incluidos los de salud pública), las colaboraciones público-privadas, los programas  de avales, los préstamos y las sentencias, la gestión de activos y pasivos y los riesgos medioambientales”.

En adición, se recomienda proporcionar una probabilidad y un impacto potencial de que se materialicen esos riesgos. Asimismo, la AIReF añade como necesaria la creación de una estrategia de gestión si se producen efectos en materia presupuestaria.