La ley obliga a las entidades financieras a proporcionar toda la información y protección posible a sus clientes. También es así en el caso de las hipotecas, cuando los bancos deben proporcionar a los clientes información y el mismo contenido sobre el código de buenas prácticas. Por otro lado, existen casos en los que se […]
NacionalDirigentes Digital
| 10 ago 2021
La ley obliga a las entidades financieras a proporcionar toda la información y protección posible a sus clientes. También es así en el caso de las hipotecas, cuando los bancos deben proporcionar a los clientes información y el mismo contenido sobre el código de buenas prácticas.
Por otro lado, existen casos en los que se debe informar sobre las causas por las que se deniega un crédito hipotecario. Asimismo, se obliga a los bancos a aplicar los correspondientes efectos económicos de las reestructuraciones, así como su plazo de amortización o la exigencia de condiciones adicionales.
El incumplimiento de estas normas es lo que ha llevado al Banco de España a castigar al BBVA con dos multas de cuatro y dos millones de euros. Según publicó el organismo supervisor este lunes, las infracciones se comprobaron en octubre del año pasado y tienen la calificación de infracción grave.
El banco que preside Carlos Torres ha sido multado con cuatro millones de euros por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 15 del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.
En concreto, BBVA incumple lo establecido “en relación con la información que se proporciona a los clientes sobre la existencia y contenido del código de buenas prácticas, así como, en determinados casos, sobre la información relativa a las causas de denegación de las solicitudes o la documentación a proporcionar por el cliente”.
Además, el banco de origen vasco incumplió otras obligaciones “relacionadas con cuestiones tales como el momento en que deben aplicarse los efectos económicos de las reestructuraciones, y, en determinados casos, su plazo de amortización o la exigencia de condiciones adicionales a las establecidas en la norma”. Esta infracción suma otros dos millones de euros a la sanción que afronta la entidad.
