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Esta es la letra pequeña de los nuevos impuestos a bancos y energéticas

7000 millones de euros espera recaudar Hacienda con los dos nuevos impuestos sobre las entidades financieras y las compañías energéticas que, durante dos años, gravarán sus resultados correspondientes a 2022 y 2023. El objetivo no es otro que sufragar las medidas extraordinarias puestas en marcha por el Gobierno ante el incremento exponencial del precio de […]

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Dirigentes Digital

29 jul 2022

7000 millones de euros espera recaudar Hacienda con los dos nuevos impuestos sobre las entidades financieras y las compañías energéticas que, durante dos años, gravarán sus resultados correspondientes a 2022 y 2023. El objetivo no es otro que sufragar las medidas extraordinarias puestas en marcha por el Gobierno ante el incremento exponencial del precio de la electricidad, el petróleo y el gas. 

El jueves, el grupo parlamentario del PSOE y el de Unidas Podemos han tramitado las dos figuras fiscales como proposiciones de ley para que esté lista, tras su paso por el Congreso, para su entrada en vigor el 1 de enero de 2023 y su fuerza recaudatoria se concentre en los próximos dos años. 

¿Qué gravará el nuevo impuesto a los bancos?

En realidad, el impuesto no se cursará directamente sobre los beneficios de la banca, tal y como se había señalado en el anuncio inicial. En realidad, lo que se gravará será tanto el margen de intereses como las comisiones que cobran las entidades financieras en un 4,8% para recaudar esos deseados 3.000 millones de euros, 1.500 por ejercicio. 

El gravamen, por tanto, irá directamente ligado al margen de intermediación, esa diferencia entre los intereses que la entidad cobra a los clientes y los que abona cuando accede a financiación. De igual forma ocurrirá con las comisiones, con lo que la distancia entre las que cobra y las que paga será lo que sirva para la cuenta fiscal de Hacienda. Y se aplicará a los bancos que tengan ingresos que superen los 800 millones de euros. 

Así se gravará a las compañías energéticas

En el caso de las empresas eléctricas, petroleras y gasistas, a las que va dirigido el impuesto, deberán tener, para verse afectadas por el nuevo tributo, una facturación superior a los 1.000 millones de euros partiendo del año 2019, con referencia a los ingresos de antes de la pandemia. 

En el caso de que la empresa tenga diversas actividades, para verse afectada, deberá tener un negocio energético que supere el 50% del importe neto de la cifra de negocio. Y se elevará el gravamen al 1,2% sobre el importe neto de esa cifra. Recordemos que con este impuesto se pretende recaudar, en dos ejercicios, 4.000 millones de euros. 

Reacciones de las entidades financieras

Banco Santander señala que el nuevo impuesto puede afectar directamente a la concesión de crédito. Su consejero delegado, José Antonio Álvarez, lo ha señalado de esta forma “si salen 3.000 millones de capital del sector, se resta capacidad de presentar por 50.000 millones de euros”. 
Una merma, que también comparte el presidente de BBVA. Carlos Torres Vila destaca que “el impuesto a la banca puede generar menos consumo, inversión y recaudación”, como declaró al diario “El Correo”.

En Bankinter su CEO, María Dolores Dancausa considera que “no se trata de dar la batalla ni de arrimar el hombro. Se trata de entender bien cómo se va a hacer y cómo nos afecta. Nos parece absolutamente injusto, valoraremos todas las opciones antes de tener que asumirlo. Si tenemos resquicios para no hacerlo porque nos asiste el Derecho, lo pelearemos”.

Desde Banco Sabadell, su consejero delegado César González Bueno, afirma que la mitad de los accionistas de la entidad “224.000 pequeños accionistas particulares con una inversión media de 1.950 euros” serán los que se vean más afectados. 

Sanciones si se trasladan a los clientes

Hacienda pretende evitar que el nuevo gravamen a los bancos y las energéticas se traslade a los clientes, por lo que la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, velará porque esto no ocurra, tanto en el caso de las energéticas como de las entidades financieras. 

Si ese hecho se produjera, las sanciones alcanzarían el 150% del importe que se haya trasladado al usuario como recargo. 

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