El Círculo de Empresarios, con la colaboración de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), ha presentado los resultados de la “Encuesta Empresarial Círculo 2022”. Durante el acto, Manuel Pérez-Sala, presidente del Círculo de Empresarios, y Jorge Zuloaga, presidente de APIE como presentador y moderador, han acompañado a Miguel Iraburu, presidente del comité que […]
NacionalDirigentes Digital
| 05 oct 2022
El Círculo de Empresarios, con la colaboración de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), ha presentado los resultados de la “Encuesta Empresarial Círculo 2022”. Durante el acto, Manuel Pérez-Sala, presidente del Círculo de Empresarios, y Jorge Zuloaga, presidente de APIE como presentador y moderador, han acompañado a Miguel Iraburu, presidente del comité que ha coordinado este trabajo. El estudio muestra las impresiones de más de doscientas empresas, de diferentes tamaños y sectores, sobre aspectos clave en el contexto actual como son la necesidad de abordar reformas estructurales, la política económica y la influencia del conflicto en Ucrania sobre la economía.
Miguel Iraburu comenzaba su exposición analizando la posición española respecto a la competitividad, fundamental para la supervivencia y crecimiento de las empresas. España ostenta el puesto 36 sobre un total de 63 países en esta cuestión, sin que se haya visto una mejora en los últimos años. Este puesto no se corresponde con el tamaño de la economía española que ocupaba el puesto 14 de 15 antes de la pandemia. Si bien es cierto, que según este análisis salimos bien clasificados como país en comercio exterior, infraestructuras tecnológicas y sanidad, estamos en posiciones muy alejadas en finanzas públicas, política fiscal y empleo. Por ello: “es necesario abordar las reformas estructurales que den lugar a una mejora de las condiciones competitivas de España en el mundo”, apuntaba Iraburu.
Como si se tratara de un déjà vu constante, los problemas que preocupan a los empresarios no se resuelven en los últimos años, siendo estos: la carga regulatoria, la calidad institucional y la seguridad jurídica. Sumados a la preocupación por la inflación, dan como resultado una valoración negativa de la economía española por un 62% de los encuestados para 2022, cifra que asciende al 72% cuando se les ha consultado por 2023. Estas peores perspectivas, según los empresarios a los que se ha preguntado, se deben a que 2022 se va a superar aún con cierta inercia, a pesar de la ralentización de la economía, lo que desembocará en una situación “mala” o “muy mala” el próximo año.
Dentro de su malestar, los consultados no han dejado de lado problemas como los suministros, especialmente para la industria tecnológica y el automóvil, o el gas aunque “seguramente tengamos menos dependencia de Rusia” añadía el presidente del comité encargado del estudio. Abrir nuevas líneas de negocio y de producto, establecer alianzas estratégicas y valorar la remodelación de la distribución y la venta con nuevos canales on-line, son las medidas que ya están tomando las compañías para mantenerse. En este sentido, han valorado como prioridad la educación a la hora de contar con personas que estén preparadas para estas acciones dentro del capital humano de las empresas.
Miguel Iraburu ha añadido que: “España necesita, desde hace muchos años, abordar problemas de fondo, lo que se echa más en falta ante el contexto y la incertidumbre que vivimos. Mi opinión es que tenemos que ponernos las pilas porque no estamos solos, la competitividad está en juego”.
El estudio incluye la visión de los empresarios sobre los Fondos Europeos. A pesar de que se aprecian como algo positivo para la competitividad de España, un 78% de los encuestados habla de una gestión negativa y muchos de ellos ni siquiera los han solicitado por la complejidad en la gestión, la burocracia y la falta de regulación a la hora de aceptar los proyectos. Esta situación afecta, especialmente a las pymes.
Manuel Pérez-Sala explicaba que: “Cuando la Unión Europea lanzó los fondos, España decidió gestionarlo con sus propias estructuras, en lugar de con una agencia independiente como recomendaba el Círculo.” Debido a este hecho, al iniciarse el proceso hemos sufrido un problema de diseño asociado a la existencia de una oficina pública. “La burocracia hace que los fondos vayan pasando de una cuenta corriente a otra de organismos públicos y Comunidades Autónomas pero no llegan a las empresas. En la medida de que esos fondos no llegan, no contribuyen al crecimiento”. Tal sería, con estos datos, la ignorancia de la mayoría de comunidades autónomas sobre cómo recibir las solicitudes para los Next Generation y gestionarlas, que un 25% han retornado al Tesoro, informaba Miguel Iraburu.