La lucha contra el fraude en la Seguridad Social deja en los últmos cuatro años unas cifras de las que el gobierno de Mariano Rajoy se siente muy orgulloso. A los 350.000 empleos irregulares que se ha conseguido aflorar hay que sumar 5.000 empresas ficticias descubiertas y 190.000 contratos temporales que han pasado a ser indefinidos por estar mal encuadrados.
Es, según Fátima Bañez, ministra de Empleo, el resultado del plan de lucha contra el empleo irregular que modificó artículos del Código Penal, aprobó la nueva ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y puso en marcha la oficina de lucha contra el fraude. En total, la lucha contra el fraude ha ahorrado 15.371 millones de euros.
Unas cifras que, sin embargo, saben a poco cuando, según un informe elaborado por Asempleo revela que el fraude laboral alcanza en España a cuatro millones de empleos, el 9% de toda la población y más del 18% de la población activa.
Este informe de la patronal de agencias de colocación detalla que del total de empleos sumergidos, aquellos en los que empleador y empleado no pagan Seguridad Social e impuestos, estaríamos hablando de 1,3 millones de empleos efectivos, lo que supone alrededor de 80.000 millones de euros de impacto sobre el PIB. Es decir, serían personas que oficialmente se han declarado como desempleadas, y el resto serían trabajadores con alguna actividad laboral reconocida pero que realizan una parte de la misma sin declarar.
hemeroteca
