El próximo 19 de septiembre, Alfonso Grau y el que fuera vicepresidente de la Diputación provincial de Valencia, Juan José Medina, irán a declarar como investigados por supuesto blanqueo de capitales y fraude electoral en el seno del grupo municipal popular de Valencia.
La imputación de Grau se deriva de la declaración de Mari Carmen García Fuster, considerada la "cajera" de la trama, quien declaró que el comité de campaña era el responsable de las cuentas electorales en Valencia. Al frente del comité se encontraba entonces Alfonso Grau.
El juez del caso considera que el delito de blanqueo de capitales y la financiación irregular del grupo popular valenciano fue un precedente necesario para la comisión del fraude electoral. Cuatro personas están ya siendo investigadas por el presunto fraude, mientras que por blanqueo son ya más de 50.
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